Testigos de la matanza de Atocha: el golpe de suerte que salvó a Carmena y Cristina Almeida de ser asesinadas por falangistas

El 24 de enero de 1977, tres pistoleros se presentaron en un despacho de abogados laboralistas de la capital y la emprendieron a tiros contra los letrados

Uno de los asesinos prófugos de la matanza de Atocha, candidato a la alcaldía de Bilbao en la lista de Falange

Los compañeros de los abogados asesinado portan el féretro de una de las víctimas de la matanza ABC

El asesino iba a cara descubierta y no titubeó antes de sellar el destino de sus víctimas aquel 24 de enero de 1977. «Manitas arriba, todos juntitos». Cuando vio que uno de los presentes andaba despistado, las repitió con una sonrisa: «A levantar esas manitas». Miguel Sarabia, uno de los abogados de aquel despacho ubicado en el número 55 de la calle Atocha, el mismo cuyo recuerdo está hoy teñido de sangre, supo entonces que venían a matarlos. Minutos después llegó otro tipo y empezó la escabechina. Los disparos de los subfusiles cortaron el viento y segaron las almas de cinco personas, además de herir a otras cuatro.

La matanza de los abogados de Atocha ha permanecido imborrable desde entonces en la memoria de la capital, pero también en la de España entera. Normal, pues el objetivo de aquellos desalmados era dinamitar la tan ansiada Transición. Por ello, por todo aquel dolor que estremeció al país, ha sorprendido saber esta misma semana que uno de los pistoleros –Carlos García Juliá, condenado a 193 años de cárcel por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio– se presenta a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo por las listas de Falange Española de las J.O.N.S. a la alcaldía de Bilbao.

Testigos del desastre

Testigos y afectados por la barbarie los hay todavía a pares, y muy conocidos. Manuela Carmena perdió a varios compañeros en la matanza. La exalcaldesa, fundadora de aquel despacho, salió del número 55 pocos minutos antes de que llegaran los pistoleros. Su objetivo era un edificio cercano; había decidido trasladar allí su siguiente reunión para dar más intimidad a sus compañeros. Una y otra vez ha repetido que, de haberse entretenido un poco, habría perdido la vida.

«Fue quitándonos los abrigos cuando oímos las sirenas y vimos un coche de policía. Los vecinos, que nos conocían y nos querían, nos dijeron '¡corred, corred, os están matando!'. Nosotros, claro, no nos fuimos», rememoró la antigua regidora de la capital en una entrevista concedida en 2017. Hicieron varias llamadas, pero nadie les respondió. Después llamó al Colegio de Abogados. No sabía qué hacer.

También tuvo suerte Cristina Almeida, entonces diputada de la Asamblea de Madrid. La abogada había viajado a Chile esos días de enero para elaborar un trabajo sobre mujeres y niños desaparecidos. Sus compañeros le aconsejaron quedarse en la capital por miedo a la dictadura de Pinochet, pero se negó. «Llamaba todos los días para que controlaran que no me pasaba nada», afirmó en 2021. Cuando le informaron de lo que le había pasado a sus compañeros, se cayó redonda sobre el suelo del hotel. Ya de vuelta, le puso arrestos y entró al despacho. «No se me ha olvidado en la vida. «Cuando me preguntan: ¿cuál es el día más desgraciado? El día que mataron a los compañeros de Atocha», sentenció.

Locura en Atocha

El teatro de pesadilla sobre el que se desarrolló la función fue un despacho laborista de Comisiones Obreras relacionado con un Partido Comunista que todavía navegaba en la ilegalidad. Y la época no era halagüeña. Había pasado un suspiro desde la muerte de Francisco Franco, la Transición andaba en pañales y un golpe seco podía ser letal para la democracia. Sabedores del tenso momento político, un comando de extrema derecha vinculado a Fuerza Nueva y Falange arribó al número 55 de la calle Atocha cuando el reloj marcaba las diez y media de la noche. Dos iban en busca de los letrados. El tercero era el encargado de cortar los cables telefónicos y registrar las salas.

El fin último del grupo era acabar con la vida de aquellos a los que consideraban enemigos de la patria. Sobre el papel, buscaban al dirigente comunista Joaquín Navarro, pero, al no encontrarlo, amedrantaron al resto. Tal y como recordó Sarabia, cuyo testimonio fue clave para la policía, uno de los tipos abrió la puerta y, con absoluta serenidad, les apuntó con un arma. Lo único que salió de su boca fue que levantaran las manos. El pistolero esperó a que otro de sus colegas llegara y, sin mediar palabra, abrieron fuego sobre los presentes. No se había dado ni una provocación, ni un insulto. Él se salvó porque, herido, se arrastró hasta el pasillo. Después llamó a emergencias y salió a la terraza para pedir auxilio.

Resultaron muertos tres abogados –Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Javier Sauquillo–, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Y salvaron la vida, aunque quedaron heridos de gravedad, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González.

Una jornada después, la noticia saltó a las páginas de ABC: «De las gestiones realizadas, se vino en conocimiento de que en el citado piso, tercero izquierda de la finca 55 de la calle Atocha, y despacho de abogados laboristas, se presentaron de forma inopinada los individuos, de estatura mediana y edad aproximada a los veinticinco años, quienes empuñando sendas metralletas, dispararon ráfagas contra las personas que en dicho lugar se encontraba».

Contar los muertos

Horas después, Sarabia entregó un sinfín de datos a la policía. Afirmó que tanto él como sus colegas se habían acomodado en un rincón del salón principal del despacho; que uno de los asesinos conocía el lugar, pues se movía por él como pez en el agua; que la ráfaga de tiros empezó sin que los asesinos mediaran palabra y que no utilizaron silenciador. Estremecedor. Los asesinos no salieron del país; ni mucho menos. Se creían a salvo por sus contactos políticos. Pero estaban equivocados. Menos de dos meses después de la matanza, fueron detenidos y puestos a disposición judicial. En 1980, la Audiencia Nacional dictó sentencia contra José Fernández Cerrá, García Juliá y Francisco Albadejo.

Los dos primeros fueron condenados a 193 años de cárcel; el último, a 73. El hombre que hoy se presenta por Falange, con todo, no superó las tres décadas entre rejas por ley. En 1994 violó su libertad condicional y huyó después de que se le dejara residir en Paraguay. Así, hasta 2018, cuando fue arrestado en Brasil. Tras menos de un año, se autorizó su extradición a España. Todo parecía acabado, pero, una vez más, España ha vuelto a abrir el que es uno de sus episodios más negros. Aunque también uno de los que más unión generó, pues se contaron por miles las personas que se congregaron en Madrid para protestar por aquella locura.

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