Hablamos de la matanza de los abogados de Atocha, en Madrid, el 24 de enero de 1977. Un ataque, perpetrado por un grupo de extrema derecha, que acabó con la vida de cinco personas e hirió a otras cuatro en un despacho laborista de Comisiones Obreras y que hizo temblarla recién estrenada Transición. Y García Juliá fue -junto a José Fernández Cerrá y Francisco Albadalejo- uno de los autores de la barbarie que pudo tumbar la democracia española hace ya 46 años.
Tras la matanza, los asesinos no se tomaron la molestia de huir, creyéndose amparados por sus contactos políticos. Casi dos meses después del atentado fueron detenidos y puestos a disposición judicial. La Audiencia Nacional dictó sentencia en marzo de 1980.
García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Esta fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en un banquillo, juzgada y condenada. Sin embargo, su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por la ley. En 1991 se le concedió la libertad provisional .
Un año después obtuvo la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse cada mes en la Embajada española en Paraguay. No cumplió lo previsto y se fugó, permaneciendo huido durante 26 años por todo Latinoamérica. En diciembre de 2018 fue detenido por las autoridades brasileñas. La Corte Suprema de Brasil aprobó su extradición en agosto de 2019.
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