El Constitucional admite los otros 14 recursos de comunidades contra la amnistía tras abrir la puerta el de Aragón

Da traslado a la Fiscalía para que informe sobre una de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el TSJC

Los letrados del TC concluyen que las comunidades autónomas están legitimadas para recurrir la amnistía

Pleno del Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes por unanimidad los 14 recursos presentados por las comunidades autónomas contra la ley de amnistía, así como dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El órgano de garantías ha tomado esta decisión tras admitir el pasado 3 de diciembre el recurso de las Cortes de Aragón, que fue el primero presentado desde una comunidad autónoma contra la norma y después de que se disiparan las dudas sobre la legitimación de las comunidades para impugnar la ley. Como informó ABC, los letrados encargados de estudiar el asunto consideran que sí tiene legitimación.

Se tratan de las impugnaciones presentadas por los once gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y dos parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Murcia y Cantabria. El primer recurso admitido provenía de las Cortes de Aragón.

También el único recurso presentado por un gobierno socialista: el de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page.

El Pleno del TC también ha admitido dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la tercera, el tribunal ha pedido un informe al fiscal sobre su admisión porque al mismo tiempo plantearon cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE contra la ley de amnistía.

Antes de entrar en el fondo de los recursos, el tribunal tendrá que resolver primero el incidente de recusación presentado por Fiscalía y Abogacía del Estado contra el magistrado conservador Jose María Macías, que admitió a trámite hace dos semanas, a quien se achaca falta de imparcialidad porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma.

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