El Supremo espera cinco informes próximos para impulsar el caso Cerdán

Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en atención a los requerimientos del magistrado Leopoldo Puente avanzan a la par que el instructor del caso Koldo de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, practica también las suyas. Hoy se espera que éste último interrogue -salvo que se acojan a su derecho a no declarar- a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, a quienes precisamente el juez del Alto Tribunal instó a investigar por los «consistentes indicios» que existen contra ellos como facilitadores de la presunta trama de amaño de contratos de obra pública y cobro de mordidas por parte de los políticos y el asesor que habrían pagado los empresarios favorecidos.

Para el instructor Puente, Pardo de Vera y Herrero «hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones», asistencia a Ábalos, a través de Koldo García, «para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía».

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En este sentido, uno de los primeros informes que espera el magistrado del Tribunal Supremo y que es clave no sólo para su causa sino también para la de los no aforados en el Juzgado Central de Instrucción 2, es el relativo a los contratos de obra «señalados por Aldama».

El 15 de mayo, el juez instructor confirmó su decisión de pedir a la UCO un informe sobre el proceso de adjudicación de obras «resaltadas en fluorescente» en la documentación aportada por el investigado Víctor de Aldama, quien está colaborando con Anticorrupción y entregó un listado de licitaciones presuntamente amañadas. Ábalos y Koldo García recurrieron dicha decisión que el 17 de julio fue respaldada por la Sala de lo Penal, por lo que la Guardia Civil tendrá que revisar las adjudicaciones señaladas a través de organismos dependientes del Ministerio de Transportes (en los que Pardo de Vera y Herrero fueron los máximos responsables técnicos) y aportar la información y sus conclusiones.

Tres días antes de que Santos Cerdán declarase como investigado ante el juez, su defensa solicitó al instructor incorporar a la causa a través del Punto Neutro Judicial toda la información disponible en los registros públicos sobre la situación patrimonial del investigado, su esposa e hija como muestra de transparencia y disposición a colaborar.

El ofrecimiento, que el juez sólo aceptó respecto a la información sobre su patrimonio, no el de su esposa e hija porque «el investigado carece de legitimación para solicitar la consulta de esos datos sin perjuicio de lo que pudiera acordarse al respecto razonadamente en la presenta causa especial», le sirvió de poco, pues fue enviado de manera provisional y sin fianza a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde hoy continúa. El informe patrimonial, en todo caso, está pendiente de incorporarse a la causa, independientemente de si el juez acuerda registrar su domicilio y despacho profesional, algo que descartó inmediatamente después de imputarle. Sí que envió a agentes de la UCO a la sede central del PSOE para llevarse el vaciado de su correo electrónico corporativo.

El magistrado reclamó a la Seguridad Social, en un auto del 10 de julio, la vida laboral tanto de los cinco empresarios investigados en la causa (Joseba Antxón Alonso, de Servinabar; Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR; Fernando Agustín Merino, de Acciona y José Ruz, de Levantina), así como del propio Santos Cerdán, de Koldo García y de la exmujer de éste, Patricia Uriz. El resultado aportará información de si los primeros contrataron en algún momento a alguno de los presuntos cobradores de mordidas y si esa pudo ser una vía para ingresar esas supuestas comisiones ilegales.

También atendiendo a una petición de la Guardia Civil, el juez pidió el 10 de julio a Hacienda y a la Seguridad Social la información sobre todas las donaciones realizadas por los empresarios imputados, así como la información patrimonial de Fiadelso -la fundación que José Luis Ábalos creó en los años 90 en la Comunidad Valenciana para la cooperación internacional y continuó vigente hasta el año 2023- y el alta y baja de trabajadores de ésta, así como sus cotizaciones. Aunque no se especificó el objetivo de dicha diligencia, también parece encaminada a desentrañar si fue vehículo de cobros ilegales.

Por último, y a petición de la defensa de Cerdán, este miércoles el Supremo realizará una «copia idéntica» de las ocho grabaciones en dos teléfonos y una grabadora de Koldo García con conversaciones de cobro de mordidas. Paralelamente, un informe pericial determinará si son auténticos o han sido editados. Los abogados de Cerdán buscan invalidar los audios que contienen los principales indicios contra él.