Sumar exculpa a Sánchez y el resto de socios le reprochan el vacío de información sobre el apagón

Sin ápice de autocrítica y casi que exculpando al Gobierno del 'cero energético' nacional, Sumar ha sacado pecho del «esfuerzo y trabajo» llevado a cabo junto a los socialistas. «Gracias a este Ejecutivo volvió la luz», ha presumido desde la tribuna del Hemiciclo Verónica Barbero, altavoz este miércoles de los de la vicepresidenta segunda en el Congreso. No ha sido de lo único de lo que se ha vanagloriado Sumar en este primer pleno después del parón vacacional de Semana Santa. También de la gestión de la pandemia y eso que los de Díaz ni siquiera eran por aquel entonces el socio de coalición el PSOE (ese lugar aún pertenecía a Unidas Podemos), no sin antes llamar «imprudente» e «irresponsable» tanto a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo como a la de Santiago Abascal. «Su diagnóstico exprés [del apagón] en redes es que las renovables eran culpables, el Gobierno era irresponsable y la solución pasaba por traer de vuelta las nucleares. Nos lo están diciendo al Gobierno que fue capaz de hacer frente a la pandemia», ha llegado a decir.

Frente a aquellos que han «aprovechado» el apagón energético para «justificar pasos atrás» y cargar contra las renovables en pro del alargamiento de la vida de las nucleares, Sumar plantea al Gobierno —del que forman parte— recuperar Red Eléctrica, reforzar el autoconsumo y «más fiscalidad que nunca». Y todo ello, ha expuesto Barbero, en contraposición al modelo de sociedad de la derecha de nuestro país que es el del «sálvese quien pueda» y el de «las muertes evitables y las mentiras» en alusión a la gestión de la catástrofe de la dana de Valencia ejercida por parte del Ejecutivo regional del popular Carlos Mazón.

Valencia. Una de las ocho administraciones autonómicas regidas por el PP —entre ellas, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso o la Murcia de Fernando López Miras— y a la que Sumar, así como el resto de socios de izquierdas de Sánchez, ha recriminado este miércoles que pidieran la intervención del Ejército porque son tan cobardes e irresponsables que no quisieron hacer uso de las competencias de las Comunidades Autónomas en las que gobiernan. «Pidieron la intervención del Ejército porque son tan cobardes e irresponsables que no quisieron hacer uso de las competencias de las comunidades autónomas en las que gobiernan», ha criticado la portavoz parlamentaria de Sumar, primera de las ofensas contra los territorios populares a las que más tarde se han sumado ERC y Bildu.

«Corrieron a ceder competencias a papá Estado, demostrando lo absolutamente inútiles que son», ha dicho Mertxe Aizpurúa. A lo que el republicano Gabriel Rufián ha añadido que los populares «llamaron al Gobierno a la media hora y le dijeron 'esto pa ti'. Incluso el miserable, mentiroso e inútil de Mazón», no sin acabar censurando desde la tribuna las tres formas que, a su juicio, tieneel Partido Popular de Feijóo de hacer frente a una desgracia: «desaparecer como Mazón, delegar como Ayuso y rajar como Feijóo».

Toda la autocrítica que los socios —incluido Junts— han echado en falta y en cara a PSOE y Sumar tras sendas intervenciones, ha estado de sobra compensada por los continuos reproches procedentes de todas las organizaciones políticas que en su día apoyaron la investidura de Sánchez. Reprueban el 'apagón informativo' vivido durante aquellas horas y que aún a día de hoy, más de una semana después, permanece y que empieza por la gestión comunicativa del líder del Ejecutivo, quien tardó cera de cinco horas en comparecer ante la ciudadanía. Conscientes de la dificultad a la hora de establecer las causas y el origen de lo ocurrido, Aizpurúa ha recomendado a Sánchez que la comunicación debería de haber sido «más fluida y pública en las primeras horas», mientras que Rufián le recrimina que tardara «una eternidad en salir a hablar en un momento en que la gente necesitaba al máximo representante público de este Gobierno explicando qué tenían que hacer». Ya de paso, el diputado de ERC ha aconsejado al líder socialista que invierta los 10.500 millones anunciados para gasto en defensa en renacionalizar el sistema eléctrico español: «Mejor dedicar el dinero a que la luz vuelva a ser un derecho de todos, que no a comprar más armas».

Aún así, ni ERC ni Bildu contribuirán a la construcción de especulaciones o bulos sobre lo que no conocen. «Toca esclarecer con transparencia lo ocurrido», señalan los de Otegi en el Congreso, que piden al Ejecutivo «premura», si bien la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Sara Aagesen, ya ha trasladado que se tardarán más se seis meses en conocer el origen de este 'cero energético' nacional sin precedentes en nuestro país. Tampoco lo hará el PNV, pese a que la diputada Maribel Vaquero, sustituta de Aitor Esteban en la Cámara Baja tras asumir este las riendas del partido en el País Vasco el pasado mes de abril, ha pedido a Sánchez que no trate a la ciudadanía «como si no fuera mayor de edad» porque «ha venido a contarnos lo que ocurrió y seguimos sin saber por qué».

Mismo mal sabor de boca que se le ha quedado a Mìriam Nogueras, de Junts, que acusa al socialista de haberse enrocado en un debate sobre renovables y nucleares para evitar dar explicaciones sobre lo ocurrido. «No ha respondido a la pregunta que era objetivo de esta comparecencia», se ha quejado al tiempo que ha afeado que las ayudas, como las aprobadas en la Cámara Baja para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no lleguen a Cataluña y reivindicado la independencia para el territorio. «Si un banco [el BBVA] merece una consulta [pública sobre una OPA], un país, un referéndum», ha zanjado.

La subida del gasto en defensa ha quedado en un completo segundo plano. Podemos, que ha recordado a Sánchez su «obligación» de recuperar el control público del «oligopolio eléctrico», el cual ha de costear, además, las pérdidas del apagón según la formación morada, si acaso ha sido el que más tiempo ha dedicado a querellarse contra la misma junto con su exsocio Sumar. Ione Belarra no ha dudado en acusa por enésima vez al presidente de mentir cada vez que este asegura que el «régimen de guerra» no acarreará recortes sociales y ser un «colaborador necesario» del Estado «genocida» de Israel. Algo que la secretaria general morada espera que «pese gravemente sobre su conciencia».