El Senado dilata la ley que beneficia a presos de ETA con una maniobra sin precedentes

Hasta este lunes, la inmensa mayoría de las fuentes parlamentarias y jurídicas consultadas por este diario, incluido el Partido Popular (PP), habían mantenido que el Senado no tenía margen de maniobra y que la ley iba a ir directa al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación. Por eso ha saltado la sorpresa cuando el presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, ha anunciado tras la votación que da por vetado el proyecto de ley y que informará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la máxima autoridad del Congreso, Francina Armengol, de su devolución a la Cámara Baja. Hasta ese momento, solo Vox, que registró el viernes esa petición, había defendido que esa maniobra era posible.

No obstante, Rollán no ha tomado la decisión de forma arbitraria y ha blandido un informe 'ad hoc' de los letrados del Senado para defender su decisión. En su escrito, los servicios jurídicos de la Cámara Alta justifican que «no existen precedentes comparables» a la situación vivida este lunes por el Pleno, cuya «voluntad inequívoca y única» es el «rechazo frontal y global» al proyecto de ley del Gobierno.

El único antecedente citado por la Secretaría General del Senado es el caso Ses Salines, cuando en 1995 se aprobó la proposición de ley para declarar reserva natural las Salinas de Ibiza. Entonces, la Cámara Alta tampoco interpuso enmiendas ni vetos, pero rechazó la iniciativa por mayoría simple. La Mesa del Congreso no dio por vetada la propuesta y dijo que el texto quedaba definitivamente aprobado, decisión que terminó en el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías resolvió que la Cámara Baja actuó bien al dar luz verde a la norma «ya que el rechazo del Senado no fue mediante un veto aprobado por mayoría absoluta», recogen los letrados.

A diferencia de aquella ocasión, tal y como subrayan los letrados del Senado, ahora el Pleno rechaza la ley en cuestión por mayoría absoluta. «Ni en la sentencia del caso Ses Salines ni en la Constitución ni en el reglamento de la cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente. Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado», dice el informe al que ha hecho alusión Rollán, que plantea: «Un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados».

«El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple», reza el artículo 90.2 de la Constitución. En los casos en los que se tramite de urgencia, como este, el punto 3 de ese precepto de la Carta Magna reduce los tiempos a veinte días.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado después del pleno a Rollán de actuar «al dictado» del PP y situarse «al margen de la Constitución» para forzar «un conflicto jurídico con el Congreso». Desde su partido subrayan que el artículo 90.2 de la Constitución establece que el veto se debe oponer «mediante mensaje motivado» y que el artículo 107.2 del 'Reglamento del Senado' especifica: «Las enmiendas y las propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa».

«La mayoría absoluta del Senado ha vetado la ley con la que Sánchez pretende beneficiar a los presos de ETA a cambio de seguir en la Moncloa. Logramos abrir un nuevo escenario. Ahora los diputados socialistas deberán responder a una pregunta muy clara: ¿están con Bildu o con las víctimas de ETA?», ha escrito en X, en la línea opuesta, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Fuentes del PP en el Senado trasladan que respaldan «íntegramente» la decisión del presidente de la Cámara Alta en base al informe de la Secretaría General y que, ante la falta de precedentes, cabe la interpretación que, por otra parte, llevaba defendiendo Vox varios días.

Desde la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en conversación con ABC, sostienen: «El apoyo de los senadores del PSOE a la ley y las críticas de los socialistas a la decisión de Rollán demuestran que el PSOE y Sánchez defienden a Bildu por encima de las víctimas». El movimiento del PP, más allá de ganar tiempo, no implica que la ley vaya a decaer. Eso solo sería posible si el PSOE cambiase de opinión, bien retirando el Gobierno el texto o bien, en el caso de que la Mesa del Congreso acepte el veto de la Cámara Alta, votando los socialistas en contra el texto que aprobó inicialmente la Cámara Baja por unanimidad. Y esas dos opciones parecen del todo imposibles.