Seis candidatos al CGPJ denuncian que el TC lleva un año sin cumplir el fallo de Estrasburgo que obligó a estudiar su amparo

El Tribunal de Estrasburgo condenó a España porque el Tribunal Constitucional rechazó la tramitación en 2021 del recurso de amparo de estos seis magistrados sin justificar los motivos de tal decisión, lo que atentó contra su derecho a la tutela judicial efectiva. Estrasburgo también estableció que los seis candidatos a vocales del CGPJ «tenían derecho» a que sus candidaturas fueran estudiadas por el Congreso y el Senado de forma oportuna. Lo cierto es que ni el Constitucional ha resuelto sobre el recurso de amparo de los seis magistrados ni las Cortes han votado el listado de candidatos que fue remitido por el CGPJ en 2018.

«Resulta absolutamente inaceptable que los presidentes del Congreso y del Senado lleven más de cinco años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones al no convocar los plenos para renovar el CGPJ», apunta Sergio Oliva, portavoz nacional de la asociación. «Los parlamentarios están atados de pies y manos por los partidos políticos».

La AJFV presentó un recurso de amparo constitucional en 2020 porque ya entonces el Congreso y el Senado llevaban dos años sin convocar pleno para proceder al nombramiento de los vocales de procedencia Judicial, que son 12 de los 20 que integran el órgano constitucional. De ellos, seis deben ser nombrados por la Cámara Baja y seis por la Cámara Alta.

Los seis afectados presentaron el pasado noviembre una demanda de ejecución de sentencia ante el TC, que no ha dado respuesta, denuncian.

«Desgraciadamente, el silencio de nuestro TC contribuye, con su omisión, a que los derechos civiles de los candidatos se sigan vulnerando», dice Oliva, que opina que el órgano de garantías «tiene una oportunidad de oro para realizar una nueva valoración constitucional del actual sistema partitocrático de designación de vocales del CGPJ, conforme a la jurisprudencia europea».

La demanda de ejecución de sentencia presentada en noviembre busca un triple fin, según la asociación. Por un lado, atender a la resolución del TEDH «para el efectivo cumplimiento de la misma, esto es, se produzca una resolución por el TC que entre a conocer sobre los derechos vulnerados; por otro lado, el reconocimiento del derecho de los candidatos a acceder a los cargos públicos de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado y siguiendo los trámites legalmente previstos; y finalmente, el restablecimiento de la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas para su eficacia», resalta el escrito presentado ante el TC.