«La reforma debe ir acompañada de un aumento de recursos y personal»

La iniciativa será debatida el próximo miércoles en el Pleno del Senado. E intenta dar respuesta a parte de la problemática, ya denunciada desde el Ministerio Público y que planteaba la necesidad de introducir un nuevo tipo penal en el que se pudieran incardinar estas actividades, dada la complejidad para enmarcarlas dentro de los ya existentes y teniendo en cuenta lo difícil que resulta acreditar su vinculación con el narcotráfico, cuando las cifras, además, van en aumento.

España es ya el primer productor de cannabis de Europa. Y en lo que respecta a la cocaína, el año pasado se intervinieron «cantidades inauditas», cercanas a las 145 toneladas, triplicando así la incautación de 2022. En el análisis que hacen los expertos se apunta también a la cercanía del Estrecho y a la fluida entrada de hachís a través de embarcaciones de alta velocidad a los puertos de Algeciras y Málaga. Aunque se han detectado otras zonas 'calientes', como Huelva, adonde se están trasladando ya las descargas de droga.

Pero si hubo un punto de inflexión, fue el asesinato en Barbate (Cádiz), el pasado mes de febrero, de dos guardias civiles, David Pérez Carracero, de 43 años y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR) y Miguel Ángel González Gómez, de 39, destinado en el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Fueron arrollados por una narcolancha, lo que despertó la rabia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, históricamente, han venido denunciando las carencias para afrontar la amenaza del narcotráfico.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), por ejemplo, muestran su apoyo a la iniciativa de endurecer el Código Penal en los delitos de tráfico de drogas, pero insisten en que esta medida debe ir acompañada de un aumento de recursos y personal para los agentes, formación especializada para combatir redes criminales cada vez más sofisticadas, y mejora en la protección laboral y jurídica de los guardias civiles.

Reclaman, además, la creación de juzgados especializados en este ámbito, y que se refuerce el principio de autoridad, modificando el Código Penal para que aumente el castigo por agresiones a los agentes. También piden que se apueste por la cooperación internacional y las políticas preventivas que aborden el problema de raíz.