Pedraza: «Hoy se demuestra que la Justicia no es justa»

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT): "Se demuestra que la Justicia no es justa", por lo que manifiesta su "rechazo total ante una decisión incomprensible". "Nos parece que pese a tener informes contundentes de una médico forense y contra el criterio de la Fiscalía el juez haya tomado esta decisión". Solicita a la Fiscalía que "agote todas las vías posibles para revocar esta decisión", que supone "un varapalo" para las víctimas. Por todo ello, se trasladará mañana al Ministerio del Interior para entregar al ministro Jorge Fernández Díaz una carta mostrando "su decepción e indignación".

Francisco José Alcaraz, presidente de la organización Voces contra el Terrorismo: "Siento la misma decepción que cuando Zapatero excarceló al histórico dirigente de ETA José Ignacio de Juana Chaos". Hace también responsable de esta decisión al Ministerio del Interior, a Instituciones Penitenciarias y, "como último responsable el Gobierno del señor Rajoy".

Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT): Critica la decisión de conceder la libertad condicional a Uribetxebarria, que va a ser recibido "como un héroe" en Mondragón (Guipúzcoa) y "se va a ir a la tumba orgulloso". Se pregunta cómo van a poder resistir las víctimas del terrorismo que viven en Guipúzcoa "las dosis de humillación que están recibiendo". Uribetxebarria ha sido "chulo, arrogante y ha jugado a la política" y para morir en paz "debería haberse arrepentido". "Han jugado con nosotros y van a seguir jugando", ha dicho.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia: Es "un día negro para la democracia". "No valen excusas, la oportunidad de acabar con todo esto se ha perdido", ha dicho sobre el fin de ETA. Ha sido especialmente crítico con el PP, al que ha acusado de hacer todo lo contrario de lo que dijo en su programa electoral, y hacerlo "incluso con mayoría absoluta". "Seguiré con mi lucha judicial pero ya no espero nada, nos han vuelto a ganar los malos", ha apostillado.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía: Acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de "rendirse y traicionar" a las víctimas del terrorismo. La decisión es una muestra de "corrupción política" que pagará el Ejecutivo "por mentiroso, falso, traidor, manipulador y miserable". "El Gobierno se rinde y traiciona a las víctimas, pero la Policía y la mayoría de ciudadanos no".

Leopoldo Barreda, portavoz adjunto del PP en el Congreso: La decisión "es coherente con las previsiones legales y con lo que han sido interpretaciones legales de la regulación penitenciaria en los últimos veinte años". Subraya que el auto introduce "restricciones al preso y garantías para las víctimas del etarra".

Rosa Díez, portavoz parlamentaria de UPyD: Se muestra totalmente contraria a la decisión judicial de haber concedido la libertad condicional al etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, espera que el fiscal, "en coherencia con su propio criterio jurídico", recurra esta decisión. Ha acusado al Gobierno de haber puesto en manos del juez José Luis Castro la decisión de poner en libertad al etarra "enmascarando una mentira", después de que Instituciones Penitenciarias le concediera el tercer grado debido a su estado de salud.

Iñigo Urkullu, presidente del PNV: "El tercer grado a Uribetxeberria debe tomarse como un triunfo de los Derechos Humanos y como una derrota del espectáculo".

Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de IU en el Congreso: Es una medida "lógica, necesaria y humanitaria". Sin embargo, dice no entender el "forcejeo público" que ha habido entre los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de la Fiscalía, y el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, a cuenta de la situación del etarra, que ha tachado de "un espectáculo nada edificante".

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD): La decisión es "ajustada a derecho" puesto que "se cumplen perfectamente todos los requisitos legales". Recuerda que la legislación solo establece que el penado "padezca una grave enfermedad, que le provoque padecimientos incurables, y no exige ningún requisito más. No exige que se pueda cumplir la pena en prisión, sino que haya una patología de una entidad grave". La libertad condicional era "la única resolución admisible jurídicamente".