El PSOE carga contra el juez del Supremo por pedir investigar sus pagos en metálico

El documento, presentado hoy 14 de noviembre, responde al intento del Partido Popular (PP) —que coordina la acusación popular unificada— de expulsar al PSOE del procedimiento. Los socialistas sostienen que la petición carece de fundamento y que, lejos de existir razones para apartarlos, son precisamente ellos quienes están sufriendo un «acoso político» por parte del PP y Vox, a quienes acusan de querer convertir al partido en investigado «sin dato alguno que lo justifique».

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Javier Lillo

El núcleo del malestar del PSOE se centra en el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo el 31 de octubre, en el que se deduce testimonio para investigar supuestas irregularidades en el sistema de liquidación de gastos de la Secretaría de Organización del partido. Según el partido, dicho auto no identifica ningún delito concreto ni señala responsables, e introduce afirmaciones «meras hipótesis» que desembocan en sospechas sobre pagos en metálico, reembolsos de gastos y presuntas donaciones ilícitas.

Los socialistas califican estas líneas de investigación de «prospectivas», ajenas al objeto inicial del procedimiento —relativo a contratos de emergencia durante la pandemia y posteriores derivadas relacionadas con presuntos pagos de comisiones en el Ministerio de Transportes— y basadas en la falta de hallazgos relevantes en otras ramas de la causa. «Todo apunta a que se pretende mantener abierta la causa desviando su foco hacia el Partido Socialista», afirma el escrito.

El PSOE defiende con contundencia la completa regularidad de su contabilidad, recordando que está sometida sistemáticamente a auditorías externas y al escrutinio del Tribunal de Cuentas, si bien admite que podría haber sido «mejorable». Los socialistas señalan que todos los reembolsos efectuados —incluidos los pagados en metálico— proceden exclusivamente de retiradas bancarias debidamente registradas y transportadas por empresas de seguridad. «Jamás se han manejado donaciones en metálico para estos fines», sostiene, rechazando expresamente las insinuaciones sobre una supuesta «caja B».

Asimismo, el partido critica que el juez haya incorporado al auto menciones a declaraciones «contradictorias y desmentidas» de personas imputadas en otras piezas, sin que exista evidencia que las avale. Denuncia también que determinadas afirmaciones aparecidas en informes de la Guardia Civil, posteriormente aclaradas o descartadas, han alimentado durante meses una campaña mediática y política que, a su juicio, carece de base real.

El PSOE insiste en que ha colaborado «de forma plena» con todas las solicitudes de información efectuadas por el Tribunal Supremo, incluyendo la entrega de correos corporativos, datos económicos, liquidaciones de gastos y documentación contable. Recuerda, además, que si existiese alguna irregularidad en los reintegros investigados, el principal perjudicado sería el propio partido, motivo por el que —sostiene— es aún más necesaria su permanencia como acusación popular. Los abogados de Ferraz reiteran su disposición a seguir ejerciendo la acción penal «en defensa de la verdad y del correcto funcionamiento de las instituciones».