El PSOE acepta tramitar una reforma del PP que lo obligaría a desbloquear decenas de leyes

El Partido Popular (PP), que esta legislatura ha venido a denunciar recurrentemente lo que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, bautizó como el «congelador Armengol», en alusión a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha defendido ante el Pleno una reforma del Reglamento para poner coto a esta práctica. Paradójicamente, en 2018 fue el PSOE quien planteó un cambio legal en ese sentido y el PP, entonces en el Gobierno, quien se opuso a él.

La postura de los socialistas ha sido crítica con la iniciativa del PP, sobre todo por su giro de opinión ahora que es él quien sufre ese bloqueo en la oposición, pero se ha decantado, tras varios cambios de parecer según fuentes de la formación, por apoyar la toma en consideración de la proposición de ley. «No quieren evidenciar una derrota», apunta un diputado próximo al Gobierno en conversación con este diario, dando por hecho que el actual contexto, con la crisis del PSOE por la implicación de Santos Cerdán, su ex número tres, en el caso Koldo, ha pesado en su decisión final.

Como filosofía general, el PP propone que el plazo para registrar enmiendas a cualquier proyecto de ley o proposición de ley, inicialmente de quince días, sea de otros quince siempre que lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la Cámara Baja. Transcurrido ese primer mes, solo se podrá prorrogar por quince días, y siempre que no se superen los dos meses, por petición de la mayoría absoluta del Congreso. Y una vez se cumplan esos dos meses, solo podrán aprobarse prórrogas de quince días por acuerdo de una mayoría reforzada de tres quintas partes de los diputados. Es decir, 210.

A esa base inicial se establecen dos excepciones para las normas procedentes del Senado, cuyo plazo para enmiendas podrá ser de máximo dos meses, y para los reales decretos leyes tramitados como proyecto de ley, con un máximo de un mes para registrar enmiendas. Actualmente, es la Mesa del Congreso, por mayoría de sus miembros, la que decide si se amplía el plazo para introducir modificaciones o no. Y desde hace varias legislaturas se ha normalizado que esa capacidad se utilice para eternizar la tramitación de leyes que no le interesan al Gobierno política o económicamente.

Ahora mismo, hay más de ochenta leyes con varias prórrogas del plazo para registrar enmiendas. Algunas de ellas superan las cincuenta ampliaciones a pesar de la oposición del PP, que nada puede hacer frente a la mayoría que tienen PSOE y Sumar en la Mesa. El precedente más palmario se dio la legislatura pasada con la proposición de ley contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) registrada por Ciudadanos, que, después de ver aprobada su toma en consideración por la unanimidad de sus señorías, terminó muriendo por el adelanto electoral tras 49 prórrogas del plazo para introducir cambios.

El vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), ha abogado por el respaldo a esta reforma porque, según él, «una mayoría, la de la Mesa, ha convertido una herramienta procedimental, la prórroga de enmiendas, en un mecanismo de bloqueo y de censura política». Él ha diferenciado esta propuesta de la que hizo el PSOE en 2018 porque entonces los socialistas solo contaban con 84 escaños en la Cámara Baja y pretendían «gobernar» en clara minoría, pero ahora el PP es el partido mayoritario, con 137 diputados.

No obstante, ese argumento no ha convencido a ninguno de los oradores que lo han seguido en el uso de la palabra: ni a Mikel Legarda, del PNV, ni a Josep Maria Cervera, de Junts, ni a Gabriel Rufián, de ERC, ni a Esther Gil de Reboleño, de Sumar, ni a Lourdes Méndez, de Vox, ni por supuesto a Joaquín Martínez, del PSOE. Todos ellos, a favor o en contra de la iniciativa, han acusado de hipocresía a los populares.

La toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento ha salido adelante con el voto a favor de PP, PSOE, Vox, UPN y BNG (289), el rechazo de Sumar, ERC, Bildu y PNV (44), y las abstenciones de Junts, Podemos y Coalición Canaria (11). Incluso si los socialistas hubiesen votado en contra, como parecía después de escuchar a su diputado, la norma habría superado este primer escollo parlamentario por la abstención de tres socios del Gobierno. Eso sí, el Grupo Parlamentario Socialista se habría apuntado otra derrota en el contador.

A pesar del mayoritario apoyo a la toma en consideración, fuentes de distintos partidos, también de algunos de los que han apoyado que se debata la reforma, reconocen en privado que ven muy difícil que salga adelante. Precisamente, por las altas probabilidades de que la propuesta que quiere terminar con el «congelador de Armengol» acabe junto a tantas otras normas en el mismo cajón.