El primer día de mes y medio de angustia

El "Alakrana", de la empresa Echebastar Fleet de Bermeo (Vizcaya), fue secuestrado por piratas de Somalia a las cinco y media de la madrugada del 2 de octubre de 2009 cuando se encontraba faenando a unas 400 millas de la costa de ese país africano. En el barco viajaban entonces 16 marineros españoles -7 vascos y 9 gallegos-, además de 2 de Malasia, 3 de Senegal, 4 de Ghana, 2 de Costa de Marfil, 1 de las Seychelles y 8 de Indonesia.

Su apresamiento generó una fuerte polémica en España sobre la necesidad o no de incrementar la seguridad en los barcos ante las dificultades de la Operación Atalanta, desplegada en la zona por la Unión Europea, para garantizar la integridad de los buques en una zona tan amplia.

De hecho, el Gobierno aprobó el 30 de octubre, tan sólo unas semanas después del secuestro, un decreto ley que permitía embarcar agentes de seguridad privada con armas militares en los atuneros que faenaban en la zona de Somalia, lo que fue saludado por los armadores, que venían reclamando un mayor incremento de la seguridad desde el secuestro del "Playa de Bakio" en la misma zona el 20 de abril de 2008, que se prolongó durante siete días.

Para entonces, los atuneros de empresas españolas abanderados en países extranjeros ya habían embarcado a guardas armados en sus buques. El embarque de agentes armados se ha mostrado eficaz desde entonces, ya que, pese a que han sido varios los intentos de secuestro, algunos de ellos incluso con intercambio de disparos, ningún atunero ha caído en manos de los piratas.

Un año después, los Gobiernos central y vasco siguen comprometidos con la utilización de la seguridad privada como fórmula para hacer frente a posibles ataques de piratas en la zona del Índico. El pasado lunes, la titular de defensa, Carme Chacón, se reunió con los representantes de la Organización de Productores Asociados de Grandes Buques Congeladores (OPAGAC) y de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC-OPTUC) y les trasmitió los esfuerzos del Gobierno español por redoblar la seguridad ante el previsible aumento de los ataques de piratas en la nueva campaña pesquera.

Chacón resaltó lo decisiva que había sido la incorporación de la seguridad privada a los pesqueros españoles y la importancia de ampliar la Operación Atalanta.

De esa reunión salió también una cifra: el millón de euros anuales que cuesta esa seguridad privada, al tiempo que se habló de la posibilidad de que los pesqueros adapten cámaras aisladas que permitan a la tripulación encerrarse ante un ataque y dar tiempo a los buques de la Operación Atalanta a llegar para evitar el secuestro. Días después, el pasado miércoles, el Gobierno vasco anunció que seguiría ayudando a financiar esa seguridad privada.

A día de hoy lo que todavía está pendiente es el juicio contra los dos supuestos piratas detenidos por participar en el secuestro de este atunero, "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", a quienes se imputan 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, lo que podrían sumar más de 200 años de cárcel.

Todavía la fiscalía no ha presentado una solicitud concreta ya que no se ha decretado la apertura de juicio oral. Tales imputaciones están incluidas en el sumario elaborado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, concluido el pasado julio sin que se haya podido averiguar si se pagó un rescate por la liberación de los tripulantes del "Alakrana".

El interés suscitado por este secuestro lo pone de relieve el hecho de que esté en proyecto una película que intentará revivir el ambiente claustrofóbico y la tensión vivida durante los 47 días de cautiverio.