El PP insiste en descartar a Rosell como vocal del CGPJ pese a la presión de Podemos y ve inminente el acuerdo con el Gobierno

Desde el primer minuto, en Génova dejaron claro que las conversaciones que han retomado Esteban González Pons, por el PP, y Félix Bolaños, por el Gobierno, seguirían su curso con independencia de otros debates y diferencias entre ambas partes. Y uno de los asuntos que separan de manera radical a uno y otro es precisamente la reforma del delito de sedición, que ha saltado de nuevo a los titulares justo cuando el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha llegado al Congreso para su tramitación, con la necesidad del Gobierno de buscar el apoyo de sus socios independentistas para poder sacarlos adelante.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha sido tajante al rechazar esa modificación de la sedición en el Código Penal. A su juicio, supone que Sánchez cruza otra línea roja con el objetivo de poder mantenerse en el poder. Según Gamarra, la reforma de la sedición acaba además con la igualdad de todos los españoles ante la ley, ya que se haría para beneficiar exclusivamente a los independentistas, y no al conjunto de la población, ajena por completo a ese delito. A partir de ahí, la portavoz parlamentaria del PP ha marcado una línea divisoria muy clara entre ese rechazo frontal a tocar la sedición y las conversaciones para renovar el CGPJ y reformar la Justicia. «Son cosas distintas», ha zanjado esta mañana en declaraciones en Antena 3.

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El PP no parece dispuesto a que nada enturbie la marcha de esas conversaciones con el Gobierno. «Parece que alguien ha querido reventar las negociaciones con el asunto de la sedición, pero no lo han conseguido», comentan fuentes populares en los pasillos del Senado. Los contactos entre González Pons y Bolaños avanzan a buen ritmo, como confirman varios miembros del Comité de Dirección del PP, que no descartan que haya fumata blanca en los próximos días.

Eso sí, desde el PP son rotundos al defender los requisitos que deben tener los posibles vocales al órgano de gobierno de los jueces, y uno de ellos es que estén fuera de la política. Por eso, insisten que el nombre de Victoria Rosell, que defiende Podemos, no encaja en la nueva etapa. Los populares han levantado el veto a la participación de Podemos en la formación del CGPJ, pero siempre que los nombres que pongan sobre la mesa respeten las condiciones sobre la despolitización de la Justicia.