Junts permite incorporar a la ley de amnistía las enmiendas pactadas entre el PSOE y sus otros socios

De momento, solo han visto luz verde las enmiendas que llevaban rúbrica socialista. Las que registraron ERC y Junts por su cuenta se han rechazado, pero los dos partidos las mantendrán vivas de cara a la Comisión de Justicia, por lo que se volverán a discutir. El PP, que había planteado modificaciones de supresión a todo el articulado, también recuperará las suyas –tumbadas por el PSOE y sus aliados– en el órgano que discutirá la norma el martes, para dejarla ya lista para el Pleno.

Las ponencias, que se conforman para debatir las leyes en profundidad desde un punto de vista no solo ideológico, sino también técnico, normalmente se reúnen varias veces y analizan artículo a artículo durante semanas e incluso meses. Esta vez, las prisas del PSOE y sus socios han llevado a que el trabajo de la designada por la Comisión de Justicia se haya ventilado en tan solo una sesión, que apenas ha durado una hora. El plazo para registrar enmiendas parciales concluyó el martes a las seis de la tarde, aunque los cambios propuestos por los socialistas y los partidos de izquierdas entraron en el registro del Congreso a las 18:00:01. A las diez y media de la mañana de este jueves, en menos de 48 horas, los ponentes de la ley de amnistía ya habían decidido cuáles añadir y cuáles repudiar.

Las enmiendas con participación socialista han salido adelante gracias al voto a favor de Junts, a pesar de que el partido del prófugo Carles Puigdemont se desmarcó el martes del PSOE, al negarse a firmarlas conjuntamente. Según fuentes de la formación, los cambios aceptados mejoran la ley, pero no tanto como los que piden ellos. Entre las modificaciones incorporadas ya al texto figura una que pretende blindar el regreso de los fugados del ‘procés’ a España dejando en manos del órgano judicial «que esté conociendo la causa» el «inmediato alzamiento de las medidas cautelares».

Sin embargo, ese cambio se ha salvado por la mínima porque ERC y Bildu se han abstenido al no estar de acuerdo los republicanos con el redactado. Ambos partidos habían suscrito previamente esa modificación, pero según fuentes de Esquerra Republicana lo hicieron con la intención de pactar un texto reformulado con otros grupos. Las negociaciones siguen abiertas y la izquierda separatista confía en llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses –aunque la ley incluye ya esa enmienda salvo transacción posterior–.

Josep Maria Cervera, diputado de Junts, ha asegurado que una de sus enmiendas sí ha sido aceptada, al ser idéntica a otra del PSOE. Se trata de una cuestión técnica, aunque fuentes parlamentarias de distintos partidos, en conversación con este diario, apuntan que no se ha votado a favor de ella, sino que se ha entendido subsumida por decir lo mismo que una de las aprobadas. También se han añadido las correcciones técnicas y ortográficas de los letrados de la Comisión de Justicia, aunque se han ignorado, deliberadamente, todas las advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la ley. Una vez se convalide el dictamen el martes, pasará al Pleno, que debatirá la norma la última semana de este mes o la primera de febrero. El día 30 cobra fuerza.

La voluntad de ERC y Junts de incluir el terrorismo entre los delitos que se amnistían no ha sido atendida, aunque de facto ya es así, porque la ley socialista solo habla de excluir aquellos con «sentencia firme» –un momento procesal no alcanzado en ninguna causa del ‘procés’ por este ilícito–. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha remarcado que no se han aceptado esos cambios, aunque lo cierto es que los servicios jurídicos de la Cámara Baja advirtieron que la redacción actual ya puede amparar esos supuestos y, por tanto, contrariar el derecho europeo. La ponencia, por las obras en el Congreso, se ha reunido en el Senado, en la sala Enrique Casas Vila, que precisamente debe su nombre a un senador socialista asesinado por ETA.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha valido del criterio expresado por los letrados para exigir la paralización inmediata de la ley de amnistía, al tratarse de «una ley inconstitucional a los ojos de los letrados». Informa Víctor Ruiz de Almirón. En el mismo sentido se había pronunciado por la mañana su secretaria general, Cuca Gamarra, al pedir al PSOE que retire la norma por «la contundencia de este demoledor informe», que trascendió a la opinión pública este miércoles. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reclamado lo mismo porque, entiende, la amnistía choca con la Constitución.

Su homólogo popular, Miguel Tellado, también había cuestionado a primera hora –y se ha reiterado después– que el informe se conociese días después de su elaboración, el día 10, y ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de ocultarlo. Fuentes de Presidencia niegan que ella tuviese acceso y en la reunión de la ponencia, a puerta cerrada, una de las letradas, Piedad García-Escudero, ha explicado que si no se envió antes el documento fue para evitar condicionar las enmiendas de los grupos parlamentarios. Lo habitual.