El Poder Judicial no logra ni consensuar un reproche a Justicia por excluirle en la firma del acuerdo con jueces y fiscales
Ninguna de las dos propuestas consigue el respaldo suficiente de los vocales, molestos además con la actuación de Mozo en este asunto
Gerardo Martínez Tristán. «No convocar al CGPJ en el acuerdo con jueces y fiscales es un desprecio absoluto y totalmente intencionado»

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no han sido capaces de consensuar un solo texto sobre el acuerdo de adecuación de retribuciones firmado por el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales el martes. Ninguna de las dos propuestas sobre el asunto ... votadas por el Pleno ha alcanzado la mayoría necesaria para ser aprobada, aunque su eficacia habría sido relativa pues la opinión del Pleno habría llegado igualmente dos días después de la rúbrica de este acuerdo. No en vano la polémica sobre la exclusión del órgano de gobierno de los jueces en la foto de la firma y la decisión del presidente del órgano, Rafael Mozo, de convocar este pleno con retraso auguraban un pleno caliente, en el que no han faltado reproches al sustituto de Carlos Lesmes.
La primera de las propuestas era la presentada por el vocal Gerardo Martínez Tristán, uno de los tres representantes del Consejo en la mesa de retibuciones y quien precisamente ayer, en una entrevista a ABC, tildó de «desprecio absoluto» el ninguneo al Consejo por parte de Justicia y el de Mozo a los propios vocales. En el texto que elevó al Pleno el vocal proponía no refrendar los acuerdos firmados «en la medida en que el CGPJ no ha sido convocado a la Comisión (de retribuciones)« de la que forma parte y en la que se debatieron esos aspectos en sesiones anteriores.
Proponía además que el CGPJ considerara positiva la subida del complemento de destino entendida «como un principio de adecuación de las retribuciones», pero no como una revisión definitiva pues esa subida salarial «no contribuye a la independencia económica, como instrumento de la independencia judicial, a los que se refiere la LOPJ y ha sido reseñada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Votos cruzados
La propuesta ha recibido cinco votos a favor (los del propio Tristán, Ángeles Carmona, José María Macías, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart), diez en contra (los de Nuria Díaz, Roser Bach, Mar Cabrejas, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte y Rafael Mozo) y dos en blanco (Enrique Lucas y Wenceslao Olea).
La segunda de las propuestas, presentada por el vocal Vicente Guilarte, se limitaba a llamar la atención sobre el hecho de que no se convocara al Consejo para el refrendo del acuerdo, pero sin proponer la nulidad de los firmado. Esa propuesta ha recibido ocho votos a favor (todos los de la primera propuesta más los de Lucas, Olea y el propio Guilarte), siete en contra (los de los conservadores Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández por un lado, y los progresistas Clara Martínez Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo por otro) y dos en blanco (las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas).
Autonomía negociadora
Los vocales del sector conservador Díaz Abad, Martínez Moya y Fernández han suscrito un voto particular en el que explican las razones por las que han votado en contra de ambas propuestas. Consideran que la posición institucional del CGPJ de garantizar la independencia económica de los miembros de la carrera judicial "debe resultar conciliable con el respeto a la esfera de autonomía negociadora de las asociaciones judiciales en defensa de los intereses profesionales de los miembros de la carrera".
Además, a su juicio no es este el momento en el que el CGPJ debe pronunciarse sobre este acuerdo. "Entendemos que la valoración que pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial sobre esas concretas propuestas de mejoras económicas tiene un momento establecido en la disposición final primera de la ley" que regula el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal cuando dispone que "la cuantificación de las retribuciones contenida en los anexos de esta ley podrá ser actualizada y modificada por el Gobierno mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial".
Así pues "el resultado de esas mejoras retributivas que se plasman en el mencionado acuerdo, una vez que se incorporen por el Gobierno en el proyecto normativo, determinan, por tanto, el momento en el que el Consejo General de Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces y garante de la independencia económica de los mismos, esté en condiciones de valorar, en toda su extensión, en el preceptivo informe que establece la Ley, esa revisión y actualización retributiva".
Para estos vocales llaman a la prudencia institucional del Consejo teniendo en cuenta "singularmente además que el acuerdo no aparece suscrito por la totalidad de asociaciones judiciales", en referencia a la Asociación Profesional de la Magistratura. Se da la circunstancia de que tanto Juan Manuel Fernández como Martínez Moya son miembros de la APM. Nuria Díaz, por su parte, no pertenece al cupo de vocales de procedencia judicial del CGPJ, sino al de juristas.
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