Podemos redobla su presión al PSOE exigiendo que desbloquee hasta siete leyes

Los ánimos son tensos. Y los avances, nulos. Unidas Podemos ha decidido este lunes mover varias piezas en una misma jugada para sacar réditos de este momento. Los morados demandan al PSOE desbloquear siete leyes que están bloqueadas en el Congreso de los Diputados y que necesitan del visto bueno socialista. Son las siguientes: la ley de bebés robados, la de secretos oficiales, la de morosidad, la de seguridad del paciente, la de libertad de expresión, la de salud mental y la de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Y no todas son impulsadas por Unidas Podemos. «Estas siete normas acumulan más de 500 prórrogas del trámite de enmiendas; algunas llevan atascadas en esa fase casi dos años y medio», denuncian fuentes de la dirección de Podemos. Actualmente, están bloqueadas en sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, pero han sido tomadas en consideración con el aval de la mayoría del Congreso, por lo que podría aspirarse a una aprobación rápida en el Parlamento.

Podemos señala así al PSOE como responsable de los retrasos mientras se han acelerado trámites para otras leyes, como la derogación de la sedición y la reforma de la malversación a la carta de los socios independentistas o la reforma exprés de la Justicia y de las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el Tribunal Constitucional que tumbó el propio órgano de garantías hace un mes.

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Gregoria Caro

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Fuentes de Podemos advierten al PSOE de que «no se entendería que no se produjeran avances en estas materias antes del final de la legislatura» y urgen a su socio de Gobierno a desbloquear su tramitación «cuanto antes». La ley de bebés robados lleva 97 ampliaciones del plazo de enmiendas desde el 17 de septiembre de 2020, el mismo tiempo que lleva la de secretos oficiales, impulsada por el PNV. Y la de ELA, promovida por Ciudadanos, lleva 34 ampliaciones desde el 5 de abril del año pasado, como denunció ABC en un reportaje la semana pasada. La cúpula de Podemos orienta toda su capacidad de presionar para dar la batalla al PSOE por la ley del 'solo sí es sí' mientras utiliza herramientas de presión como hace con estas siete leyes para intentar doblegar al socio. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, se mantiene al margen y guarda perfil bajo. Lo mismo que Alberto Garzón, ministro de Consumo y máximo responsable de Izquierda Unida. Son la ministra de Derechos Sociales y líder del partido, Ione Belarra, y la de Igualdad y número dos, Irene Montero, las que están solas en el Consejo de Ministros defendiendo la norma en un momento de máxima tensión para la coalición.

El tiempo legislativo se agota. Los partidos saben que conforme se acerque el 28 de mayo será muy complicado sacar adelante legislación alguna. Y que entre las elecciones municipales y autonómicas y las generales de final de año, para las que habría que disolver las Cortes en octubre, los consensos serán extremadamente complicados.

Igualdad solicitó el fin de semana una reunión formal al departamento de Justicia para llegar cuanto antes a un acuerdo. Uno de los argumentos más repetidos por Podemos incide en que no es precisamente Montero quien bloquea la negociación. «Nunca», enfatizan, se levantaron de la mesa. En cambio acusan al PSOE de hacerlo y de ofrecerles lo mismo desde diciembre. Pero en Podemos aseguran que siguen «con disposición» a encontrar un punto de consenso para esta reforma, a la que cedieron por presión de los socialistas. Este lunes lo ha explicado así la ministra de Igualdad: «Hay que sentarse y alcanzar un acuerdo cuanto antes para dar una respuesta unitaria e integral como Gobierno». Irene Montero urge a negociar cuanto antes para llegar a un acuerdo «riguroso» que, en estos momentos, no perciben en la salida unilateral en forma de proposición de ley que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La semana pasada les acusaron de intentar «una salida política» por presión del PP que «no va a resolver la bajada de condenas».

Montero asegura que las diferencias con el PSOE se deben a cuestiones «profundamente políticas» y recuerda a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que hay margen para llegar a «soluciones rigurosas» mientras se mantenga como eje de la normativa el «consentimiento» en los términos que plantea Podemos. Si bien se están dando contactos entre Igualdad y Justicia, no trascendió si se reunirán a petición de Podemos. «La voluntad de acuerdo por parte de Igualdad es absoluta y el acuerdo es posible siempre que se mantenga el consentimiento», han explicado este lunes fuentes de Igualdad. Ninguno se mueve de sus posiciones.

Desde Ferraz, las palabras de la ministra de Igualdad fueron la puntilla a declaraciones que llevan molestando mucho en las filas socialistas por pretender vincularlos con el PP. «Nosotros sí vamos a cuidar del Gobierno de coalición», señaló la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se defiende la fórmula de la coalición porque «ha permitido importantísimos avances». Pero a la vez se insiste en que «a veces hay comentarios o calificativos que no contribuyen a cuidar» esa coalición.

Los socialistas defienden haber actuado individualmente al registrar la proposición de ley y sin esperar al socio porque «el intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad». Y que, dado que se considera «urgente» que la nueva legislación esté cuanto antes en vigor, «no se trata de debatir hasta que el problema nos consuma». Además, María Jesús Montero criticó que las propuestas que les ha hecho llegar Igualdad «no cumplían con la premisa de que no se produjeran rebajas de condenas».

La número dos del PSOE se ha comprometido a mantener «cuántas reuniones sean necesarias», pero advierte a Podemos de que el estilo de su partido no es publicitar los mensajes que se mandan ni las solicitudes de reuniones que se hacen, en una clara enmienda al estilo negociador de su socio: «Nosotros estamos en las soluciones, no en ganar el relato».

El PSOE sigue defendiendo que en su propuesta el principio del consentimiento sigue siendo «el motor de la ley». Y que, si se está de acuerdo en eso y en que «no queremos rebajas de condenas», la solución «tiene que ser técnica». Podemos tiene una enfoque distinto. Entiende esta cuestión como un problema político porque, a su juicio, la propuesta del PSOE desplaza de facto el consentimiento al volver a incluir agravantes en función de la existencia de violencia.

Los socialistas confían en que en última instancia el socio minoritario de la coalición no se oponga a la reforma. Pero las posiciones están lejos. Y en el PSOE ya han transmitido la idea de que el Partido Popular pueda facilitar la reforma.