Comienza la huelga de un mes en los centros concertados del País Vasco

En un último intento de detener la huelga, representantes de las patronales, los sindicatos y el Gobierno vasco mantuvieron la tarde de ayer un nuevo encuentro en el que, si bien no se alcanzó ningún acuerdo, sí se produjeron «avances» en la negociación. Los contactos continuarán este jueves.

Hoy mismo han comenzado los paros en las escuelas, que se alargarán durante el próximo mes. Ahora bien, los centros deberán mantener al menos una persona del equipo directivo y otra de la plantilla de subalternos, así como dos profesores por cada 100 alumnos matriculados en el caso de Educación Infantil y Primaria. En el caso de la ESO deberán prestar servicio tres docentes.

Son las condiciones que ha impuesto la consejería de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco para evitar, en la medida de lo posible, que la huelga en los centros de iniciativa social ponga en riesgo la educación de los alumnos. En palabras de María Jesús San José , titular del área, no solo hay que tener en cuenta «la pérdida porcentual de días lectivos», sino también que esta «se produce de forma continuada».

«La desconexión del alumnado con el desarrollo de la actividad educativa puede poner en riesgo evidente el derecho a la educación garantizado constitucionalmente y tener consecuencias sobre el rendimiento académico», advirtió.

De cara a la huelga que comenzaría este jueves se establece que en los centros de menos de 100 alumnos de Educación Infantil y de Primaria habrá dos profesores y a partir de 100 alumnos matriculados en estas etapas se añadirán dos profesores más. En los centros de menos de 100 alumnos matriculados en ESO, Bachiller y Formación Profesional tendrá que haber tres profesores y a partir de ese número de alumnos matriculados se añadirán otros tantos.

El sindicato CC.OO. calificó de «abusivos» los servicios mínimos decretados por el Gobierno vasco, que bajo su punto de vista suponen «un incremento de más de un 100% sobre los servicios impuestos en las huelgas de marzo que fueron recurridos». En un comunicado, la central consideró que los servicios mínimos decretados «apuntalan el ataque más claro y conservador al derecho de huelga».