El error de Marlaska: estadísticas frente a realidad social

Las asociaciones del Instituto Armado y los sindicatos de la Policía se lo recuerdan en estas horas trágicas y piden su dimisión, primero por una supuesta falta de medios humanos y materiales para luchar contra el narco en el Campo de Gibraltar, pero sobre todo por esa exuberancia, tan imprudente, a la hora de atribuirse logros.

Más de cinco años después de la puesta en marcha del Plan Especial para el Campo de Gibraltar los datos sobre la eficacia policial no son discutibles. El Gobierno hacía alarde de ellos este viernes: desde julio de 2018 y hasta el pasado 31 de agosto (última estadística disponible), el despliegue policial diseñado en el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la detención/investigación de 17.635 sospechosos de narcotráfico y contrabando, en su mayoría gracias a las 19.063 operaciones desatadas por las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), que han permitido la incautación de 1.387.832‬ kilos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana.

Lo que no cuenta el Ejecutivo es que sobre el terreno la realidad se percibe de forma muy distinta, y aunque se reconoce que ha habido avances también se señalan gravísimos problemas que hace que la situación en la comarca sea aún muy compleja. La fiscal Antidroga de Cádiz -pocas personas pueden hablar con tanto conocimiento de causa- ha puesto el dedo en la llaga: asegura que las Fuerzas de Seguridad se juegan la vida a diario por la violencia que emplean narcos envalentonados, denuncia una evidente falta de medios materiales y humanos, ve lagunas legislativas y por si fuera poco se queja de que las consecuencias penales son mínimas -una y otra vez se detiene a las mismas personas-, lo que aumenta la sensación de impunidad entre los grupos criminales.

El clima social en la comarca del Campo de Gibraltar tampoco invita al optimismo. Mientras los narcos asesinaban a dos guardias civiles embistiendo con sus potentes narcolanchas la frágil embarcación de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), vecinos grababan las imágenes no para colaborar en la investigación, sino para jalear a los criminales y reírse de los agentes. Por tanto, no se ha avanzado mucho en esto tampoco.

Las famosas inversiones para dotar de futuro a la zona brillan por su ausencia y muchos, sobre todo jóvenes, eligen unirse al narco para vivir con holgura. El tráfico de drogas es una de las principales industrias allí. Esa es la realidad, según los expertos consultados.

Mientras ese cáncer no se extirpe habrá muchas operaciones, muchos detenidos y muchos kilos de droga intervenidos que servirán para presumir al ministro de turno. Pero el problema seguirá enquistado y no debería haber nadie que muestre su orgullo por unas estadísticas incuestionables pero que no pueden tapar lo que hay detrás de ellas.

El Ministerio del Interior presume de que en estos momentos el catálogo de puestos de trabajo de la Policía y la Guardia Civil se cubre en un 90 por ciento tras haber crecido un 20 por ciento respecto a 2018, y se anuncia que su intención es llegar al 100 por cien. Además, se asegura que crecerá la dotación presupuestaria hasta los 36,9 millones de euros, que aumentarán los medios materiales y tecnológicos... La duda es si ese esfuerzo es suficiente y si llega a tiempo. Parece que no.

Las asociaciones profesionales y los sindicatos, todos, sin excepción, denuncian que siguen sin medios. Lo ocurrido el viernes por la noche es prueba de ellos. «David contra Goliat», ha dicho la fiscal Antidroga de Cádiz para explicar lo que sucede.

Llevan años advirtiéndolo: la lucha es desigual, muchas veces son señalados, sus familias lo sufren y a diario se enfrentan a situaciones en las que se juegan la vida. Exigen que la comarca sea declarada como Zona de Especial Singularidad, como en su día lo fue el País Vasco, porque trabajan en condiciones muy duras.

En el ámbito de la justicia las cosas no son mucho mejores. Los juzgados no son capaces de absorber y tramitar con la celeridad adecuada los casos; la Fiscalía está desbordada; las sentencias, por leves, causan perplejidad... Y en materia legislativa hay lagunas evidentes: las narcolanchas se abastecen de combustible en alta mar, pero no es delito que alguien se lo haga llegar. No parece comprensible, pero es lo que hay.