Una ONG denuncia la vulneración de derechos de una solicitante de asilo «incomunicada» en Barajas

Sin embargo, hay males que persisten y que conforme denunciaba el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) hacen que día sí, día no, la situación devenga en «insostenible». En una carta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente del ICAM, Eugenio Ribón, exigía medios y medidas para paliar «graves carencias estructurales» que generan una situación donde la asistencia letrada a los solicitantes de asilo, esencial para pedir protección, se presta en condiciones «indignas». «Lo que debería ser un proceso jurídico guiado por principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo, de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante», advertía Ribón.

Una de las colegiadas que sabe a qué se refiere es María Antonia Montiel. Explica a ABC su experiencia del lunes 12 de agosto, cuando fue requerida ante la llegada de una cantidad de solicitantes inasumible para los letrados del turno de oficio y de las ONG que se encontraban de servicio. Señala que «no hay espacio suficiente en las oficinas» ni «la privacidad necesaria» para hablar con los recién llegados, que deben relatar las historias «siempre muy dramáticas» que subyacen a su huida.

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Faltan intérpretes y los que hay «atienden a más de un migrante a la vez». A veces, no están presencialmente: el que debía asistir a sus representados en el reexamen de su petición lo hizo a través del móvil de la letrada, en manos libres. Y duda del resultado de la traducción, del que depende mucho la verosimilitud del relato. Los dialectos, dice, «son complicados».

Añade otro elemento y es que pese a haber sido designada como letrada de cinco personas ese lunes, no se le han notificado las resoluciones sobre ellos, lo que genera «indefensión». Dos eran mujeres y sus peticiones fueron admitidas a trámite. Los tres hombres fueron rechazados. Los plazos para recurrir son de 48 horas.

Elena Muñoz, responsable del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subraya la carencia de intérpretes y los déficits en las instalaciones, al tiempo que reivindica coordinación entre los múltiples actores que intervienen. La organización cifra en 100.137 las solicitudes de asilo entre enero y julio, de las que sólo un 3,4% se registraron en fronteras como Barajas: los visados de tránsito que se han impuesto a los nacionales de diversos países en conflicto han reducido la cifra al cercenar la posibilidad de pedir asilo en una escala.

A veces, los déficits que refieren los letrados van aún más allá. Adilia de las Mercedes, abogada y directora de la Asociación Mujeres de Guatemala AMG, denuncia en ABC el caso de una joven que la tarde del martes llevaba 72 horas en la sala de solicitantes para mujeres del mismo aeropuerto.

Víctima de todo tipo de violencias y amenazada de muerte por el líder de una organización criminal en el país de origen, llegó huyendo el domingo a Madrid con el objetivo de llamar a su letrada para solicitar asilo. No le fue permitido realizar aquella llamada ni tampoco elegir a su defensa. Tuvo que realizar la comparecencia recién bajada del avión y con el abogado que había disponible en ese momento, según denuncian.

La organización asegura que el letrado se presentó a firmar con la entrevista ya finalizada y realizada exclusivamente por un funcionario policial. «Estaba aterrorizada», dice Adilia de las Mercedes.

Explica que de todo esto han sabido en la organización por intermediación de terceros ya que, denuncian, la joven está «incomunicada» porque a diferencia de lo que ocurre en la sala para hombres solicitantes de asilo, «la de mujeres no tiene ningún teléfono»: no hay posibilidad de llamar y tampoco de recibir llamadas. «Esto es inasumible desde una perspectiva de derechos fundamentales», subraya.

Mientras, espera a que la Oficina de Asilo y Refugio emita el primer veredicto. Si la solicitud es verosímil, se admitirá a trámite para estudio. Si no, tendrá la posibilidad de formular alegaciones y someterse a un reexamen. En Mujeres de Guatemala insisten en la importancia de que, en este caso, sea una letrada de su elección quien la represente.