Si el Supremo considera investigado al consejero Ayerdi, cesará en el cargo

Hay que recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo , en auto de fecha de 1 de diciembre de 2020 conocido hoy, recaída en el procedimiento de la causa especial número 20346/2020, ha acordado declararse competente para la instrucción, y en su caso, el enjuiciamiento del c onsejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi , así como abrir el procedimiento designando instructor.

"Este auto no declara todavía la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración de Ayerdi, esperando a que el instructor realice su labor para tomar una decisión", añade la nota de Gobierno de Navarra.

En el caso de que finalmente se admita la querella y Ayerdi sea considerado como investigado, "sería de aplicación lo previsto en el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, en virtud de que los supuestos hechos presuntamente constitutivos de delito son los de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y de malversación de caudales públicos del artículo 432 del citado código".

Dicho artículo explicita que, en dicho escenario de admisión de la querella y de declaración como investigado, Ayerdi dejará ser consejero del Gobierno de Navarra bien, en primera instancia, a voluntad propia o bien por decisión por parte de la persona que en su día le otorgó la confianza, es decir, la Presidenta del Gobierno de Navarra.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma , Javier Esparza Abaurrea, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que cese al consejero Manu Ayerdi, de Geroa Bai, tras abrirle causa penal el Tribunal Supremo . Esparza ha hecho esta petición tras conocere la apertura de esta causa por parte del Supremo al considerar que los motivos expresados por una querella de UPN ante las ayudas concedidas a Davalor S.L. por parte del departamento de Ayerdi, entre 2015 y 2017, y por un importe de 2,6 millones de euros, podrían ser motivo de delito.

La presidenta del Gobierno de Navarra , María Chivite, no ha querido valorar ni entrar a responder a la petición de cese del consejero de su Ejecutivo. La presidenta María Chivite ha considerado que al ser actuaciones de la anterior Legislatura "no le correspondía valorarlas".

Sin embargo, Javier Esparza le ha recordado en su petición de cese del consejero que el propio gobierno cuatripartito de la pasada legislatura aprobó por ley que, en estas situaciones el cargo público debía ser cesado y los regionalistas piden que la presidenta del Gobierno de Navarra aplique ahora la ley apoyada por sus propios compañeros en el Ejecutivo y ahora implicados. Tampoco es la única vez que las ayudas económicas a empresas concedidas bajo la gestión de Manu Ayerdi han sido puestas en cuestión tanto por los regionalidas y las coalición Navarra Suma , como por el propio PSN . Sin ir más lejos, el apoyo a Trenasa (propiedad de la guipuzcoana CAF), ha sido cuestionada este mismo año hasta lo indecible.

Ahora, la decisión del Tribunal Supremo pone a la presidenta María Chivite en un brete. Hasta ahora la presidenta ha considerado que al ser actuaciones de la anterior Legislatura no le correspondía valorarlas, a pesar de que su partido, el PSN , mantuvo una durísima crítica contra Ayerdi cuando estaba en la oposición en la Legislatura de Uxue Barkos , que es cuando sucedieron los hechos.

"A los consejeros de este Gobierno les pediré las responsabilidades por sus gestiones en este Gobierno", subrayó en esta pasada primavera Chivite al ser interpelada por NA+ por el millón de euros que debe a la Hacienda Davalor, empresa en quiebra a la que Manu Ayerdi dio ayudas desde el departamento del que era consejero en la anterior legislatura, en la que Chivite estaba en la oposición.

"Como responsable política tengo opiniones, pero como presidenta me reitero en que a los consejeros de este Gobierno les pediré responsabilidades sobre lo que hagan en esta legislatura", ha dicho tras incidir en que tampoco "quiero ni debo entrar" en valorar ni analizar el listado de deudores de la Hacienda foral .

Lo señaló en el Parlamento en respuesta a la contundente crítica del portavoz de NA+, Juan Luis Sánchez de Muniáin, a la gestión de Manu Ayerdi cuando en la anterior legislatura dio desde su departamento avales a Davalor, que ahora aparece como "uno de los mayores deudores" de la Hacienda foral, un millón de euros "de prácticamente imposible cobro".

"Se sigue sin exigir ninguna responsabilidad al consejero responsable de generar estos quebrantos en la Hacienda foral", señaló en ese momento el portavoz de NA+, quien consideró "inaudito" el "pretexto" de Chivite para no pedir responsabilidades a Ayerdi amparada en que los hechos fueron en otra legislatura, cuando "la deuda está confirmada ahora, el listado reciente, de imposible cobro y en el peor año de la Hacienda foral".

NA+ ha manifestado que “Ayerdi es ya un investigado por corrupción y debe ser cesado de forma inmediata conforme a la ley foral del Gobierno de Navarra ”. Esparza ha señalado que, a la vista de esto y del artículo 68 de la ley del Gobierno, "sólo hay una solución, que María Chivite cese a Manu Ayerdi". "Es una obligación legal que tiene la presidenta del Gobierno", ha afirmado.

Ha señalado Esparza que la modificación de dicha ley la realizó el cuatripartito en la legislatura pasada y "ahora espero que se cumpla". "No puede ser que un Gobierno se salte la ley, que está aprobada", ha comentado para recordar que dicha norma recoge, para investigados por delitos de corrupción, que "en el momento en que un cargo público electo o de libre designación conozca de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de la instituciones".

El portavoz de Navarra Suma ha comentado que "quien tiene la potestad de relevar" a Manu Ayerdi es la presidenta del Gobierno, por lo que le ha exigido que "cumpla la ley".

La querella presentada por UPN imputa a Manuel Ayerdi un posible delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y otro de malversación del artículo 432. Son, pues, delitos comprendidos en el citado artículo de la Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo.

NA+ recuerda que “este artículo que determina el cese inmediato fue aprobado durante la pasada legislatura y propuesto por los grupos del cuatripartito presidido por Uxue Barkos ”.

Así, han recalcado que “ Navarra Suma requirió en varias ocasiones a Chivite que apartase de sus responsabilidades al consejero hoy investigado por corrupción. Ahora le exigimos que cumpla con la ley y proceda a su cese”.

Además, añaden, “concurre la circunstancia de que tras el acuerdo presupuestario del Gobierno de Chivite con EH Bildu , los abertzales han obligado a dotar de presupuesto a la llamada ‘Oficina de buenas prácticas y lucha contra la corrupción’. La conducta del consejero Ayerdi constituye el primer caso a examinar por tal oficina”.

Tras conocer la sentencia del Juzgado de lo mercantil por la cual se inhabilitaba y condenaba al pago del déficit concursal al gerente y promotor de Davalor Salud , los representantes de UPN, Cs y PP que conforman la coalición Navarra Suma acordaron interponer la correspondiente querella ante el Tribunal Supremo contra el consejero Manu Ayerdi.

“Entendíamos que las prácticas del consejero con el uso del dinero público fueron paralelas, concertadas y coincidentes en el tiempo con respecto a las acciones cometidas por el gerente”, explican.

En este sentido, recuerdan que en 2015 “nada más tomar posesión de su cargo como vicepresidente económico, y tras reunirse varias veces con el promotor de Davalor , Ayerdi cesó de forma precipitada a todo el consejo de Sodena y a su gerente, con el fin de otorgar un préstamo de un millón de euros de dinero público a la empresa, pese a que los informes técnicos obrantes desaconsejaban por completo tal operación”.

“A ese primer millón siguieron más préstamos, a pesar de que el empresario incumplía sus obligaciones legales (no presentación de cuentas) y con la Hacienda Foral ”, señalan.

Además, añaden, “parte de esos préstamos de dinero público no recuperados fueron al patrimonio del empresario beneficiado y hoy condenado. Ello ocasionó a las arcas forales un quebranto económico por valor de más de 3 millones de euros a las que hay que sumar 1.026.020 de deuda generada a la Hacienda Foral ”.

A juicio de Navarra Suma , “concurren indicios suficientes que acreditan que Ayerdi actuó de similar forma fraudulenta de proceder con el dinero público que el promotor de la empresa Davalor ”.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que "acabamos de conocer la noticia" y ha mostrado su confianza plena en la Justicia en España . "Ahí se tienen que dilucidar las diferencias que haya", ha comentado, para añadir que este asunto está en "una fase muy inicial". "Confianza plena en la Justicia, que será la que determine lo que ha pasado en este caso", ha añadido.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos , ha señalado que "no vamos a cuestionar de ninguna manera los presupuestos del Tribunal Supremo , pero sí expresar la confianza en que será el TS el que despeje todas las dudas en torno a una querella muy concreta presentada por UPN y por lo tanto con todo lo que de esto se deriva".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "estamos en una situación muy preliminar de lo que es una fase de instrucción penal; supongo que la admisión a trámite es un trámite dentro del propio procedimiento y es prematuro valorar". "El consejero deberá explicar como en su momento ha venido explicando cuál ha sido su actuación en este tema", ha dicho, para añadir que "más allá de que sea llamado a declarar, sería muy inoportuno que por que un partido político, UPN , haya interpuesto una querella tengamos que hacer una valoración cuando desconocemos el contenido de la querella".

Según ha dicho, "los hechos son públicos y notorios, sobre Davalor en este Parlamento hemos tenido la posibilidad de hablar en muchas ocasiones y el resto de valoraciones políticas sobre Davalor las hemos hecho en este Parlamento en reiteradas ocasiones". "Se está valorando si un consejero tramitando estas subvenciones incurriría o no en esos delitos pero no lo puede decir este parlamentario, corresponderá en todo caso al Supremo", ha añadido.

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos , ha indicado que "preferiría" informarse del asunto antes de valorar y "estudiarlo".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manuel Ayerdi Olaizola , por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a DAVALOR SALUD S.L . de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

La Sala indica que los hechos descritos en la querella, que fue presentada el pasado 2 de junio por Unión del Pueblo Navarro (UPN) , y atribuidos a la persona aforada, en una valoración muy provisional podrían ser constitutivos de los citados delitos. Por ello, de acuerdo con el fiscal, declara su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado, y dispone abrir un procedimiento contra él, designando instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.

La querella de UPN expone que el aforado, que entonces era Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra, Consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA) , concedió en septiembre de 2015 a la entidad DAVALOR SALUD S.L . un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de DAVALOR SALUD S.L . y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Socia l –determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a DAVALOR . El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de DAVALOR como de “interés foral”, lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo.

La querella añade que DAVALOR SALUD S.L . en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.

El consejero Manuel Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en DAVALOR SALUD S.L. obedeció a “una corazonada” y que tomó la decisión con un “carácter totalmente personal”, amparándose en un informe de la directora de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico , según los hechos recogidos en la querella.