Montero pidió opinión del aborto a UGT y CC.OO. pero eludió al Consejo de Estado

La Ley del Gobierno permite a los ministros solicitar cuantos informes consideren necesario para asegurar el acierto legislativo, pero el interés de Montero por implicar a los sindicatos –ajenos a la troncalidad de la reforma, como evidencia el que no remitieran informes–, hace aún más polémica la estrategia de Igualdad de no recabar la opinión de los juristas sobre su proyecto. Además de no conceder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la prórroga que éste le solicitó para informar del texto, ni esperar la valoración del Consejo Fiscal, Montero rechazó pedir el análisis del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno.

Según fuentes de Igualdad, «se valoró» remitir el anteproyecto al organismo que preside María Teresa Fernández de la Vega, pero se rechazó. El primer argumento aducido es que la consulta no era preceptiva al tratarse de una reforma que revisa y adapta una ley que ya existe en el ordenamiento jurídico para actualizarla. «El objetivo principal es remover los obstáculos detectados para que los derechos sexuales y reproductivos que consagra puedan ser reales y efectivos», subrayan desde el ministerio de Montero.

Pero no siendo preceptiva, la consulta al Consejo de Estado siempre es conveniente para asegurar una buena técnica legislativa. Al respecto, Igualdad se aferra como segundo argumento a la urgencia aprobada para la tramitación del proyecto: «Era preferible concluir la fase prelegislativa a la mayor brevedad posible».

Sin embargo, esa urgencia es, precisamente, una de las lagunas jurídicas de la reforma de Montero, como también sucede con la llamada 'ley trans'. A juicio de los letrados del Congreso consultados por este diario, los dos acuerdos del Consejo de Ministros que aprobaron la tramitación exprés de la reforma del aborto primero como anteproyecto y después como proyecto, no se enclavan en los dos supuestos previstos en la Ley del Gobierno para permitir esa aceleración.

Y es que la vía exprés solo se permite ante la transposición de una directiva o ley comunitaria, o el acaecimiento de circunstancias extraordinarias imposibles de prever. Pero el Consejo de Ministros acordó en mayo esa fórmula rápida argumentando que es un «interés general de primera magnitud» garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que España debe cumplir «en el menor plazo posible con los compromisos internacionales suscritos».

Esta justificación tenía doble filo ya que la ley mandata que el Consejo de Estado se pronuncie sobre los anteproyectos de leyes que se dicten en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales, así como del derecho comunitario europeo. Por ello, Igualdad, decidida a eludir la opinión del Consejo de Estado, tuvo que matizar su argumentación para subrayar después que su reforma recoge «la evolución de los consensos a nivel internacional y las recomendaciones de organismos de Naciones Unidas y la Unión Europea», pero no se dicta en ejecución, cumplimiento o desarrollo de normas internacionales.

A la vista de que el soporte de la urgencia flaqueaba, Montero reforzó sus argumentos en agosto, cuando el texto regresó al Consejo de Ministros para ser aprobado y remitido con solicitud de urgencia al Congreso. Esta vez esgrimió que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en centros extrahospitalarios privados «lo que significa que la regulación vigente no garantiza que el grueso de interrupciones voluntarias de embarazos se realice en centros públicos».

Sin embargo, la tasa de interrupciones en este tipo de centros baja cada año y ha pasado de suponer el 96,60 por ciento del total en 2011, al 88,28 por ciento en 2015 (año en que Mariano Rajoy introdujo el permiso de los padres para los abortos de chicas de 16 y 17 años), y al 84,51 por ciento en 2020, según reconoce Igualdad.

Como segundo argumento, Montero destacó que varios organismos internacionales «han alertado del retroceso en términos de acceso al derecho (de aborto)» por la reforma operada por el PP hace ya siete años. Por último, defendió la necesidad de actuar de formar urgente ante la «gravedad» de la situación, para «garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva».

Además de los letrados consultados, la conocida asociación internacional Women's Declaration, defensora de los derechos de las mujeres, coincide en que no existen las razones que permitirían la tramitación urgente de la reforma del aborto. «No encontramos la motivación de la urgencia en la documentación facilitada a la ciudadanía», denuncia la representante en España de la citada organización, Amparo Domingo.

Igualdad reitera que la tramitación de su reforma cumple escrupulosamente la legalidad. «Hemos seguido el mismo procedimiento que cualquier ministerio», subrayan. «Se ha hecho como dice la Ley de Gobierno, no nos saltamos los trámites a la torera», defienden. El Tribunal Constitucional será el que lo dirima si, finalmente, el PP y Vox recurren la reforma.