El Gobierno había asumido las palabras de Montero antes de que pidiera disculpas

«Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión, ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas por esa expresión», dijo. Pero luego quiso ir al fondo del asunto recalcando que «se acatan las sentencias, que se respetan», pero que eso no quita que uno tenga su propia valoración sobre su contenido. Y en relación con la sentencia recordó que este caso fue juzgado en un tribunal que declaró culpable a esta persona. «Es decir, que no estamos hablando en el vacío, estamos hablando de una cuestión concreta. Y desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas», insistió. Para la ministra de esta sentencia es «un retroceso».

A pesar de estas declaraciones y no mucho antes de que Montero pidiera disculpas, el Gobierno había asumido las palabras de la líder del PSOE andaluz despreciando la presunción de inocencia y calificando de «vergüenza» la sentencia de Alves. Aunque en público se evita ser así de explícito, fuentes del Ejecutivo dejaron claro que no había fisuras sobre este asunto, que ha centrado la polémica esta semana. Preguntados por ello este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría y el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitaron desacreditarla, aunque tampoco entraron en un cruce de reproches con la judicatura. Grande-Marlaska, aludido por su condición pasada de juez de la Audiencia Nacional -donde en ocasiones dictó sentencias que merecieron las críticas de otro Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero- empezó señalando que Montero había «matizado sus manifestaciones y creo que no debemos tampoco prolongar muchas discusiones en ese sentido», aunque en realidad se había mantenido en sus críticas a las tres juezas del TSJC que dictaron la sentencia.

El exjuez pidió que en cuestiones «que suponen una lacra», como los delitos de violencia machista o de agresión sexual, los jueces deben «explicar muy bien sus resoluciones», para que las víctimas no se sientan desprotegidas y «no pierdan su confianza en las instituciones». Según remarcó, ese tipo de resoluciones, «deben de explicarse muy bien» para la «sensibilización máxima de la sociedad».

Alegría, por su parte, justificó las palabras de Montero asegurando que expresó «un mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió, al conocer una sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona , en menos de un año». A esa hora, el comunicado unánime del CGPJ ya había precisado que «en primer lugar, la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de derecho» y que precisamente «el sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última». No sin antes recordar que el fallo del TSJC «no escapa a este principio y también está sujeto a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales».

Para la portavoz del Ejecutivo, pese a todo, «es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la Justicia, por las distintas sentencias. Pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas».