El TACP desestima el recurso del COAM para paralizar el proyecto de la Ciudad de la Justicia

El tribunal entiende que la principal pretensión de los arquitectos que era que se realizase un concurso «no es en ningún caso obligatorio»

El COAM da la batalla al proyecto de Ciudad de la Justicia por no cumplir la Ley de Calidad de la Arquitectura

Los terrenos del proyecto de la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas ISABEL PERMUY

El nuevo intento de poner en marcha la Ciudad de la Justicia, el centro que reunirá a las ahora dispersas sedes judiciales de Madrid en un único espacio, ha superado su primer obstáculo al mes de autorizarse la licitación para su construcción. El Tribunal ... Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha desestimado el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) contra el citado proyecto.

Los arquitectos creían que, entre otras cosas, incumple la Ley de Calidad de la Arquitectura, recién aprobada, y por eso solicitaba la suspensión del acto e instaba a convocar un concurso abierto de proyecto arquitectónico. Sin embargo, ahora el tribunal entiende que la principal pretensión del COAM de realizarse un concurso «no es en ningún caso obligatorio».

«La Administración puede elegir el tipo contrato que quiere licitar dentro de las posibilidades que ofrece la ley. En este caso la Administración ha optado por una concesión de obras la cual puede incluir en su objeto (como es el caso) la redacción del proyecto. Además, los artículos que cita el recurrente no son de aplicación al tipo contractual que estamos tramitando», señala el tribunal.

En cualquier caso, la Comunidad de Madrid «garantizará que se cumpla la Ley de Calidad de la Arquitectura, no solo en la Ciudad de la Justicia, sino en cualquier otro tipo de proyecto relacionado con cualquier infraestructura judicial que se lleve a cabo en la región. Tendrá igualmente en cuenta las aportaciones que pudiera realizar el COAM ante cualquier tipo de proyecto, en aras de cumplir con la citada Ley de Calidad de la Arquitectura, siendo igualmente bien acogidas las aportaciones que este Colegio considere oportuno realizar en un futuro», zanja el comunicado hecho público.

Respuesta del COAM

Fuentes del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, cuyo decano es Sigfrido Herráez, recuerdan que tienen dos meses para recurrir. No obstante, valoran "positivamente" las manifestaciones del Gobierno regional "en las que garantiza que se va a cumplir la Ley de Calidad de la Arquitectura tanto en la Ciudad de la Justicia como en cualquier infraestructura judicial que se lleve a cabo en la región, y el compromiso de tener en cuenta las aportaciones que hagamos desde el COAM ante cualquier proyecto".

También han destacado que "el Tribunal Administrativo de Contratación Pública reconoce en su resolución la legitimación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para realizar este tipo de recursos, en aras de velar por el respeto y cumplimiento de la Ley de Calidad de Arquitectura".

Historia de un proyecto

El Gobierno regional autorizó el 20 de julio la licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia. El complejo se situará en Valdebebas y concentrará allí los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. La adjudicataria tendrá que encargarse de la construcción de en torno a 18 edificios, de entre 3 y 9 alturas –375.000 metros cuadrados en total–, que albergarán las sedes judiciales de la capital. Algo que costará, de acuerdo con el informe de viabilidad, unos 507 millones de euros. También se hará cargo de su mantenimiento -seguridad y vigilancia, limpieza, archivo, gestión de documentación y atención al ciudadano-.

A cambio, recibirá anualmente un canon de 50 millones de euros que le pagará el Gobierno regional. Una vez que finalice la concesión, todos los edificios de la Ciudad de la Justicia pasarán a ser propiedad de la Comunidad de Madrid. La adjudicataria además podrá contar con los ingresos por la explotación comercial de los bajos y entornos del complejo de la Justicia , donde podrá poner en marcha servicios como farmacias, restaurantes, guarderías, gimnasios, sucursales bancarias o cualquier otro que pueda estimar.

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