PP y PSOE mantienen su pacto en la Asamblea de Madrid por la ciberseguridad pese a la tensión política

Tanto Vox como Más Madrid presentaron sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de una nueva Agencia de Ciberseguridad para la Comunidad de Madrid. Esas enmiendas solo lograron los votos de esos dos partidos, mientras que populares y socialistas se unieron para rechazarlas juntos.

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Este primer acuerdo del PP y PSOE, quizás primero y último, está fuera del barro político, de ahí que esté siendo relativamente fácil el entendimiento entre ambas formaciones políticas, que mantienen el diálogo abierto y que confían en consensuar las enmiendas que se presentan a lo largo de la tramitación. El PP ya aprobó una proposición no de ley del PSOE en la misma dirección, en un buen clima de acercamiento bendecido por los jefes de los dos partidos El texto final de la iniciativa se consensuó entre las dos partes.

El objetivo de la ley es blindar a la administración regional de ataques informáticos. El nuevo organismo propondrá e impulsará el uso de soluciones de prevención, detección y respuesta ante las amenazas en redes y fomentará el emprendimiento del ecosistema empresarial del sector.

Ayuso ya presentó una ley similar la pasada legislatura, pero no pudo salir adelante por el bloqueo de Vox, y también porque el PSOE lo rechazó sin contemplaciones con una enmienda a la totalidad. El partido de Rocío Monasterio siempre ha considerado que esa agencia no es más que un chiringuito. Ahora, al PP le bastaría su mayoría absoluta para sacar adelante la nueva ley, pero ha optado por hacer visible que el acuerdo y el diálogo con el PSOE es posible. Al menos en Madrid.

En el texto que fue consensuado por el PP y el PSOE, se propone «crear un Centro Avanzado de Ciberseguridad en la Comunidad de Madrid, con capacidad de monitorizar, anticipar, auditar, informar y gestionar cualquier ciberincidente en el ámbito de la Comunidad de Madrid bajo el ámbito de sus competencias».

Los partidos se comprometen a diseñar un mapa de infraestructuras críticas, de especial atención en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, donde se integre en cooperación con otras administraciones, las principales instituciones también del poder legislativo y judicial para garantizar su protección.