Madrid calcula que perderá de 1.200 a 1.600 millones al año en inversión extranjera por el impuesto a las grandes fortunas

La jefa del Ejecutivo madrileño entiende que este nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas invade competencias autonómicas, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional. Lo recurre «en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez». Es, redunda, «resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio y literalmente va contra el ahorro y la inversión».

Además, en el Gobierno regional están muy preocupados por el impacto económico que puede tener este tributo: entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año se perderán en inversión extranjera, calculan en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Esto es el resultado de aplicar una reducción del volumen de inversión extranjera de entre el 5,5 y el 7,5 por ciento, según las estimaciones elaboradas sobre la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en diferentes países, explican.

Menor inversión se traduciría también, afirman, una caída de hasta 1.420 millones de euros en el PIB (equivalente a un 0,6 por ciento), y una reducción del crecimiento potencial de 19.500 empleos. En cuanto a la recaudación, esto supondrá una pérdida de al menos 190 millones de euros.

La presidenta enumeró los motivos por los que su Gobierno cree que este tributo vulnera la Constitución española. En primer lugar, porque «invade competencias autonómicas en materia fiscal»: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, recordó, reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al cien por cien desde 2008.

En segundo lugar, porque «rompe con la autonomía financiera de las comunidades autónomas», y además vulnera el principio de lealtad institucional, al obligar a las comunidades autónomas, y saltarse su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En tercer lugar, señalaron que viola el principio de igualdad «ya que está diseñado contra los contribuyentes de Madrid y Andalucía».

Además, entiende Díaz Ayuso que «supone una quiebra del procedimiento» por la manera en que se ha aprobado, a través de «una enmienda para sortear así al Consejo de Estado, emboscada en otra ley». Recuerda que no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado.

En quinto lugar, creen en el Gobierno regional que el impuesto lesiona la seguridad jurídica, por aprobarse el día 27 de diciembre para aplicarse con carácter retroactivo: «Todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar, confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación, ahora se van a ver obligados a hacerlo», explican fuentes de la Hacienda regional.

Por último lugar, estiman que «no hay justificación para presentarlo», lo que alteraría el principio constitucional que «habla contra la arbitrariedad de los poderes públicos». Insisten en Sol: «No hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, en contra de lo que recoge la Constitución Española».

Sobre este aspecto, insistió Díaz Ayuso en que «este es un momento en el que el Gobierno está recaudando de manera histórica». Y en su opinión, el presidente del Gobierno está actuando así «para sufragar la campaña electoral más cara, y nosotros lo que estamos haciendo con este recurso es, ante todo, defender los intereses económicos de toda España.