Madrid acoge ya un 200% más menas y pide declarar la emergencia migratoria

Madrid cuenta, en la actualidad, con una red pública para menores inmigrantes no acompañados que se compone de dos centros fijos –el de primera acogida de Hortaleza y el antiguo albergue juvenil Richard Schirrmann, en la Casa de Campo, que fue un recurso inicialmente temporal pero sigue abierto pese a haberse anunciado su cierre–, y varios pisos tutelados repartidos por distintos municipios. En total, dispone de 359 plazas, a las que quiere unir ahora 100 más en el nuevo centro que quiere poner en marcha en La Cantueña (Fuenlabrada), y donde ha chocado con la oposición frontal del alcalde, Javier Ayala (PSOE), que rechaza el centro.

En la Consejería de Asuntos Sociales insisten en que no es un antojo abrir un nuevo centro: lo hacen arrastrados por una situación que amenaza ya con desbordar su red de atención: en lo que va de año, han atendido a cerca de 1.200 jóvenes, casi los mismos que en todo el año pasado, cuando pasaron por los centros 1.360. Un 200 por ciento de incremento en medio año, recordaba la consejera, Ana Dávila.

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Precisamente, el nuevo centro se hace en Fuenlabrada no por perjudicar al PSOE o por ser un bastión socialista, como denunciaba este grupo político en la Asamblea durante el pleno de ayer, sino porque buscan «un edificio que fuera propiedad de la Comunidad, suficientemente amplio, que estuviera ya levantado y tuviera una obra fácil, para poder usarlo ya, porque la situación se agrava», recordaban fuentes de la Consejería.

Las necesidades de atención de los 1.200 menores inmigrantes no acompañados que han llegado a Madrid desde enero han tensionado la red pública hasta niveles casi insoportables: las urgencia de acoger de estos jóvenes ha llevado a utilizar recursos de otros centros –que son para otros perfiles de menores– hasta ocupar un número de 556 plazas, «y va en aumento», lamentan. Esa reorganización es lo que ha permitido que la red madrileña haya aguantado hasta el momento, eso y que cada vez hay más familias que acogen a niños y adolescentes tutelados y, de este modo, van dejando plazas libres para aplicarlas de forma excepcional a estos otros usos.

Los menores inmigrantes que llegan a Madrid no suelen quedarse de forma permanente en los centros de la red regional: pasan allí uno o varios días, tal vez unas semanas, y muchos se van a otros países donde ya tienen familia o conocidos; «algunos incluso regresan a Madrid, a nuestros centros, después de haberse marchado fuera», apuntan en el Gobierno regional.

Atender a estos menores le ha costado a la Comunidad de Madrid, en lo que va de año, 30 millones de euros. A los que hay que añadir los 6,9 millones que se van a invertir en acondicionar el nuevo centro de La Cantueña, al que quieren que lleguen los primeros menores inmigrantes ya este verano. Las autoridades madrileñas afirman que no han recibido, hasta el momento, apoyo económico para este gasto extra. «Llevamos un año solicitando al Gobierno central información y financiación», recordaba ayer la consejera Ana Dávila. Información para saber cuántos vienen y en qué condiciones: «Esta es una crisis migratoria que se les ha ido de las manos», insistía.

De las dimensiones del desbordamiento que se ha producido en la llegada de inmigrantes irregulares da idea un dato: en un primer esbozo de reparto de estos menores inmigrantes solos entre las distintas comunidades autónomas, el Gobierno central habló de que Madrid recibiría 30, y financiaría su llegada con 1,6 millones de euros.

Hasta ahora, han llegado 1.200 y no se ha recibido ningún dinero por sus gastos. Las comunidades esperan que se haga un nuevo reparto más ajustado a los datos reales, porque el anterior, que no pasó del papel, quedó totalmente desfasado.

Muchos de estos menores llegan en pateras a Canarias, y desde allí son trasladados a Madrid y otras regiones. Pero en el caso de la Comunidad madrileña, Barajas se ha convertido en una puerta de entrada: a comienzos de año se detectó ya una mafia dedicada al tráfico de personas que traía a estos menores en avión, en teoría en vuelos con destino a Sudamérica que hacían escala en Madrid. Una vez aquí, su documentación desaparecía y ellos se declaraban menores, colapsando las salas de admisión del aeropuerto. Esta situación se está volviendo a producir, según ha denunciado el sindicato judicial Jupol.

Para determinar si realmente son menores de 18 años, los menores son enviados ante un forense para realizarles una prueba médica, una radiografía trata de establecer su edad, en términos biológicos: si las articulaciones de la muñeca están cerradas, es muy probable que la persona ya sea mayor de edad.

Madrid está soportando el incremento de la presión asistencial, aunque sea a costa de recurrir a plazas pensadas para otros fines. Pero sus responsables advierten que se está tensionando el sistema, y podría terminar colapsando. Porque a los problemas asistenciales se unen los económicos: hay que recurrir a abrir y ampliar recursos residenciales por la vía de emergencia para poder hacer frente a la atención de estos menores inmigrantes solos. Pero la Cámara de Cuentas ya hizo objeciones a este procedimiento contractual, utilizado en el periodo 2019-2022 para el mismo fin, porque no era el apropiado.

Recordaba la Cámara de Cuentas entonces que el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público no contempla entre sus supuestos la llamada emergencia humanitaria; e instaba al Estado a modificar ese párrafo. Algo que el Gobierno central no ha hecho, como tampoco ha realizado una declaración de emergencia migratoria «que ampare a todas las comunidades autónomas que nos estamos viendo obligadas a utilizar estos contratos de emergencia, ante la imposibilidad de actuar con contratos ordinarios», que tardan casi un año en tramitarse.

La consejera, tras la última reunión interterritorial sobre el tema con la ministra de Infancia, Sira Rego, esta misma semana, instaba a que se hiciera esa declaración de emergencia que les evite a las comunidades las trabas legales a la hora de abordar los contratos para cubrir la atención de estos menores.

La pelea se libra en varios frentes: con la falta de información sobre la llegada de los menores a la región; con las dificultades para sacar adelante contratos de emergencia que cubran los trabajos necesarios para poder atenderlos; con el descontrol en las llegadas por Barajas; y con la oposición al nuevo centro de menores en Fuenlabrada por parte de su alcalde, que pide un reparto equitativo de estos jóvenes por todos los municipios madrileños.