El incentivo a la inversión, el ultimo contrapeso de Ayuso frente a las políticas de Pedro Sánchez

No es la primera vez, ni posiblemente será la última, en que Díaz Ayuso opta por pasar al contraataque, adoptando medidas o aprobando normas que directamente combaten otras promovidas por el Ejecutivo nacional. Ha pasado en materia fiscal y económica en varias ocasiones, pero también en Educación.

Antes de que acabe la legislatura se quiere aplicar una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF, para incentivar la llegada de inversiones: cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región podrá desgravarse el 20 por ciento del total de lo destinado a ello durante los siguientes seis años.

Esto se aplicará, por ejemplo, a la persona que se fue de España en 2012 y ahora vuelve y se compra un piso –si se gasta 300.000 podrá deducirse 60.000 del IRPF– y a quien invierta en un fondo de inversión –si gasta 12.000 se podrá desgravar 2.400– o en una empresa. No se establecen límites a la inversión: la deducción será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción: si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión y si no, se irá repartiendo en los siguientes cinco años.

El Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad en materia de tributos cedidos por el Estado para introducir esta nueva deducción, y quieren llevarlo a tramitación a la Asamblea para que entre en vigor «durante este mismo año».

La medida, calculan, por cada 1.000 millones de euros de inversión generará casi 13.000 puestos de trabajo y aportará 886 millones de euros más al PIB. Y tendrá también su traducción en la recaudación fiscal: supondrá más cotizaciones, más consumo y unos 125 millones de euros más vía impuestos.

El pasado noviembre se aprobó, y fue posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad, la Ley de Autonomía Fiscal, popularmente como 'de blindaje fiscal'. Su filosofía indica que cuando se detecte una norma que suponga una invasión de competencias autonómicas, la Asamblea deberá activar todos los instrumentos a su alcance para combatirlo.

La norma nació para frenar «cualquier armonización fiscal que pueda suponer una subida de impuestos encubierta a los madrileños», explicaban desde el Gobierno regional. Y obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a «reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance» –tanto en la legislación nacional como la europea o la internacional– «ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región».

El PP insistió durante meses, en 2022, con la inflación disparada en España, en sugerir al Gobierno central que deflactara el IRPF para evitarle subidas de impuestos a los madrileños. La Comunidad de Madrid pasó de las palabras a los hechos, y aprobó su propia deflactación del tramo autonómico del IRPF.

Lo hizo en noviembre, y con aplicación desde 2022 y también en 2023. Según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Javier Fernández-Lasquetty, supondrá un ahorro de casi 200 millones de euros a 3,5 millones de contribuyentes, y beneficiará principalmente a los ciudadanos con rentas más bajas.

El 1 de agosto de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Decreto de ahorro energético, que entre otras medidas, incluía el apagado de los escaparates a las 22.00 horas. La medida no cayó muy bien entre los comerciantes de las zonas más turísticas. Y en Madrid, Díaz Ayuso sólo tardó unas horas en sentenciarlo: «Madrid no se apaga», dijo en redes sociales, para señalar después que esa fórmula supondría «espantar al turismo y al consumo». No se quedó en las palabras: acudió al Tribunal Constitucional para recurrir la norma, y el Alto Tribunal admitió a trámite su recurso en octubre.

La jefa del Ejecutivo madrileño argumentó que el decreto se presentó «de forma arbitraria» y «autoritaria» y «contra los comercios y demás establecimientos públicos en un momento muy difícil para todos ellos». Consideró el decreto poco motivado, y señaló que la limitación de temperaturas que incluía –19 grados en invierno y 27 en verano– se extralimita «de las bases estatales» porque el Gobierno autonómico ostenta la «competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional». Recordó, de hecho, que en Madrid existe desde hace diez años libertad de horarios, algo que chocaría en la práctica con la obligación de todos los comercios de apagar sus escaparates a las 22.00 horas.

También la obligación de implantar un sistema de cierre de puertas en los comercios «entra en colisión directa» con la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene, remataron las autoridades madrileñas.

Mientras en el Gobierno de la nación se especulaba con la posibilidad de poner en marcha un proceso de armonización fiscal entre comunidades, que en la práctica supondría subirlos en autonomías que los tienen más bajos, como la madrileña, la presidenta regional llevaba a su consejo de Gobierno y luego a la Asamblea la Ley de Supresión de Impuestos Propios de la Comunidad de Madrid, que se aprobó en diciembre de 2021.

La norma supuso suprimir dos tributos: el impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre Depósito de Residuos. Fue más un gesto simbólico que práctico: entre ambos apenas suponen un 0,02 por ciento de la recaudación.

En febrero de 2022, se aprobó la Ley Maestra, la norma que nació por oposición a la 'ley Celaá' de Educación, y como blindaje de la educación concertada en la región madrileña. En ella, se apoya el distrito único educativo –que permite a los alumnos matricularse en centros de toda la región, no obligatoriamente en el más cercano a su domicilio– y las pruebas externas de nivel en los centros escolares. Además, se garantiza la demanda social de plazas y la cesión de suelo para centros concertados.