Populismo y promesas incumplidas: tres años con Carmena

Begoña Villacís , la portavoz de Ciudadanos, tiene casi asegurado el billete como candidata por su partido –aunque tiene que someterse a primarias–, lo que le permitirá colar alguna promesa para un nuevo mandato; el líder del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida , sin embargo aún no ha sido bendecido por Génova para hacer frente a la exjuez en mayo del próximo año, así que se espera que el sucesor de Esperanza Aguirre sea hoy el que desgarre las costuras a la marca blanca de Podemos en la capital.

Más benévolo será el Partido Socialista que encabeza Purificación Causapié –con un futuro más negro en la ciudad como número uno–, el aliado que ha acostumbrado al equipo de gobierno a todo tipo de concesiones, a poder saltarse sus acuerdos sin consecuencias pese a que algunos de sus ediles hayan tenido que apretar fuerte los dientes.

El balance del estado de la ciudad de Ahora Madrid olvidará mencionar sus fracasos: promesas y proyectos que han pasado al debe de este partido populista, o que se quedarán a medias, y que se puede recordar a golpe de hemeroteca.

La bajada de sueldos de los concejales de Ahora Madrid y la paralización de los desahucios fueron las dos grandes promesas estrella de la agrupación en 2015. Se incluía en su programa electoral y, la primera, en el reglamento económico. En cuanto los 20 concejales de AM se adueñaron del escaño reconocieron que iba a ser imposible llevarlas a cabo. En materia salarial readaptaron su discurso explicando que la reducción tenía que votarse en Pleno y afectaba a todos los partidos del Ayuntamiento. Para paliar el engaño inicial, se comprometieron a hacer donaciones anuales a diversos organismos. A día de hoy todos cobran íntegramente su salario. Indistintamente de las dádivas que entreguen, los concejales de AM siguen costando lo mismo a los madrileños que los de los anteriores gobiernos.

En cuanto a los desahucios, desde Alcaldía y Equidad admitieron rápidamente que no tenían competencia para actuar. Para tratar de mantener su palabra crearon, un mes después de llegar a Cibeles, la Oficina de Intermediación Hipotecaria. El fracaso de la misma fue tal que un año más tarde tuvieron que echar el cierre.

Carmena y los suyos se comprometieron a cumplir su código ético, pero rápido se saltaron sus propias normas. El caso más clamoroso es el de la imputación de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer , que serán procesados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito societario con el Open de Tenis. La biblia de Ahora Madrid es clara en este sentido: existe el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción».

El acceso a la vivienda continuará siendo uno de los grandes problemas de los madrileños. El gobierno de Ahora Madrid prometió a mitad de legislatura un plan que abarcaría de 2016 a 2019 donde se comprometía a construir 4.200 viviendas. A julio de 2018, según publica en su página la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, había adjudicado las obras o iniciado 1.267 pisos. El resto o están en fase de redacción, licitación o fase previa del proyecto.

En 2015, Carmena y su mano derecha, Marta Higueras , responsable de Equidad y Derechos Sociales, anunciaron en rueda de prensa que iniciarían un plan municipal contra la pobreza energética. Se llegó a decir que el Ayuntamiento sufragaría los recibos de las personas más vulnerables. Hoy, todos esos propósitos se resumen en la redacción de un informe que les ayude frente a las compañías eléctricas, así como la intermediación con ellas para que no les corten los suministros. No ofrecieron cifras de casos atendidos.

El Gobierno de la Nación legisló en 2017 el bono social energético. El reglamento tienen que desarrollarlo las comunidades autónomas y posteriormente establecer convenios con los ayuntamientos para hacerlo efectivo. Aún no se ha avanzado en esta fase entre las dos administraciones.

Carmena ha sido el sello que ha impuesto cierta cordura a algunas de las demencias que incluía el programa de Ahora Madrid, que planteaba no pagar la «deuda ilegítima» de Madrid. Cualquier arrebato de atentado al Estado de Derecho ha sido neutralizado, como el de Carlos Sánchez Mato con su insistente incumplimiento a la regla de gasto. El discurso de la deuda se ha invertido por completo y se ha pasado de la insurrección a la amortización a pasos agigantados –por obligación legal– debido a la dificultad de no acometer centenares de proyectos e inversiones con el remanente del Ayuntamiento. Ahora, la reducción de la deuda es su maquillada bandera.

Uno de los acuerdos sellados entre AM y PSOE para sacar adelante sus presupuestos en 2016 fue la construcción de 16 escuelas infantiles. Las obras para levantar estas instalaciones se fueron posponiendo ejercicio tras ejercicio. A día de hoy, informan desde el Ayuntamiento, aseguran que diez se abrirán a principios del próximo año porque ya están en obras; otras tres, a lo largo de 2019, ya que sufrirán retrasos.

No ha habido año para Carmena en el que no se le haya abierto una crisis de Gobierno. La primera llegó con los tuits polémicos de sus concejales. Las manifestaciones realizadas por Guillermo Zapata en la red social le costaron su cargo con delegado de Cultura y su procesamiento y posterior absolución por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La brecha volvió a abrirse a finales de 2015 con la mala aplicación de la Memoria Histórica que llevó a cabo la sucesora de Zapata, Celia Mayer, quien encadenó polémica con los titiriteros del Carnaval de 2016. Carmena terminó por quitarle el cargo en marzo de 2017.

A finales del año pasado también fue destituido Sánchez Mato por su empecinamiento de no cumplir con la regla de gasto. El Estado tuvo que tutelar las cuentas. La última causa judicial, con comisión de investigación incluida, que ha dejado en evidencia la gestión municipal ha sido Bicimad , cuya fase de instrucción se ha ampliado por la complejidad de la documentación.

La gran crisis de estos tres años ha sido, sin duda, la de Lavapiés , con la muerte del mantero Mmame Mbaye. El propio delegado de Seguridad, Javier Barbero, y ediles como Rommy Arce, Galcerán o Carmona cuestionaron la labor de la Policía Municipal, acusándoles, entre líneas, de ser los culpables del fallecimiento del senegalés, quien pereció de un infarto.