Las polémicas condiciones que pide Vox para apoyar la investidura de Ayuso en Madrid

Bajo el epígrafe «Libertad de educación y de pensamiento», Vox exige «derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española». «En concreto, derogar todos aquellos artículos contenidos en las Leyes 2/2016 y 3/2016 –las leyes citadas anteriormente– que atenten contra la libertad de los padres a dar a sus hijos una educación conforme a sus valores morales, que vulneren la patria potestad y/o que inviertan la carga de la prueba, eliminando la presunción de inocencia", detalla el documento.

Asimismo, aboga por «la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos»; «evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos»; e «implantar el Pin Parental, que asegure la conformidad de los padres los contenidos de carácter ideológico a impartir por parte del centro educativo».

En el mismo sentido, pide «respetar la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro ». Además, apuesta por «aprobar y/o reforzar los protocolos existentes en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en concordancia con la legislación vigente» y «asegurar que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando quediferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección».

En otro punto referido al «Cumplimiento de la legalidad», Vox apuesta por «colaborar con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo». «En concreto, garantizar que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado tienen acceso directo a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular», precisa la formación liderada por Rocío Monasterio .

También exhorta a «asegurar que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad», y sugiere que en caso de que el extranjero no disponga de documentación permanezca bajo tutela de la Audiencia Provincial «hasta que pueda determinarse su edad mediante procedimientos respetuosos con los derechos humanos».

A este respecto, argumenta que «atendiendo al interés general y la protección del menor que vive en un centro de menores, es necesario asegurar que ningún interno es mayor de edad». Asimismo, tras constatar que «los recursos de los madrileños no son ilimitados», pide «colaborar con la Administración General del Estado para asegurar el cumplimiento estricto de los acuerdos en materia de atención sanitaria , potenciando los mecanismos de facturación y cobro efectivo del gasto sanitario ocasionado por turistas y/o extranjeros en situación irregular durante su estancia en España».

En este punto también llama a «colaborar con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias detráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas (narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata, ocupación ilegal).

Entre las propuestas de Vox figura dedicar los recursos de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid a proyectos de desarrollo dentro de la propia comunidad, así como realizar un «inventario exhaustivo» de las subvenciones otorgadas en la última legislatura y crear una Comisión Permanente No Legislativa de Control de la Actividad Subvencional de la Comunidad de Madrid.

Según el documento de Vox, los firmantes se comprometerían a «guardar y proteger el orden constitucional y la Unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la Corona y la Carta Magna», así como a apoyar en primera votación a la candidata propuesta por el PP a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En cuanto al Gobierno resultante, estaría comprometido a «eliminar o reducir al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, no aumento de la deuda y aumento de la eficiencia del gastopúblico».

El documento plantea también el compromiso de «mantener o reducir el número total de consejerías, viceconsejerías y altos cargos de la Administración regional», aunque aboga por la creación de una «Consejería de Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad».

En la misma línea, aboga también por racionalizar la estructura del sector público institucional y empresarial asociado a la Comunidad de Madrid, y apuesta por «destinar los recursos liberados con la implementación de las medidas contempladas en el presenteacuerdo a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad ».