Madrid Central divide al PP con dos discursos encontrados sobre la medida de Carmena

Garrido envió un requerimiento formal a Carmena el miércoles para que le remitiera el expediente completo de este proyecto de recorte del tráfico, apoyándose en la legislación actual . Le dio un plazo a Carmena hasta el lunes 12 de noviembre para que se lo haga llegar. Pues bien, Martínez-Almeida afirmaba ayer que este plazo le parecía «incluso excesivo», siempre que «se tengan los informes», algo que el portavoz popular pone en duda: «Otra cosa es que no se tengan, que es lo que pasa, y que, por tanto, el Consistorio madrileño se pueda acoger a cualquier tipo de excusas».

El principal roce, sin embargo, ocurrió días atrás, cuando se celebró la reunión en el Consorcio Regional de Transportes entre la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo y la concejal de Movilidad Inés Sabanés . En esta ocasión, ambas partes pareciera que habían acercado posturas, al término de la reunión, y hablaron de convocar a una mesa de técnicos para que determinara los refuerzos necesarios en el transporte público cuando se pusiera en marcha el plan de restricciones al tráfico privado.

Pero ese discurso iba en contradicción clara con el sostenido en el Ayuntamiento de Madrid por el PP; de ahí que desde el grupo municipal se apresuraran a aclarar que no había paz en este asunto; muy al contrario, se mantenían las espadas en alto. Lo mismo hizo Sol apenas unas horas después de acabada la reunión entre Ayuntamiento y Comunidad: ratificar que no querían este proyecto y que seguían pidiendo su paralización. La reunión técnica, de hecho, nunca se celebró.

No son los únicos: en el PSOE también han tenido sus diferencias de criterio con respecto al proyecto. No hace más que unas semanas, desde la dirección del partido en Madrid se defendía retrasar su puesta en marcha para «perfeccionarlo», mientras el grupo en el Ayuntamiento abogaba por mantenerlo tal cual estaba previsto.

Madrid Central se ha convertido en protagonista de la vida política madrileña. Al empeño del Ayuntamiento en llevar adelante este proyecto sólo se le iguala el del Gobierno regional por paralizarlo. Ayer, el presidente autonómico, Ángel Garrido , anunció que se plantean hacer un requerimiento de nulidad del acuerdo de junta de Gobierno que dio luz verde a este plan para restringir el tráfico privado en la almendra central de la ciudad.

Pedir la anulación de este acuerdo sería un paso previo a llevar el asunto a los tribunales , y la única medida, explicó Garrido, que podría frenar ese paso hacia la judicialización de este asunto. «Probablemente es un paso que vamos a dar», adelantó el jefe del Ejecutivo autonómico, «antes de ir al contencioso ».

Garrido dijo, en los pasillos de la Asamblea, que «vamos a intentar evitar en la medida de lo posible llegar a los tribunales, pero solamente lo podremos evitar si colabora el Ayuntamiento».

Sobre los informes técnicos que les han pedido –que recojan las cifras de los estudios realizados en torno a Madrid Central, y su incidencia sobre el tráfico en la zona objeto de restricciones y el resto de la ciudad–, el concejal de Centro, Jorge García Castaño , indicó el miércoles en Twitter que dichos documentos estaban en la web municipal. A lo que Garrido contestaba ayer: «Yo lo he pedido formalmente; no hay tonterías a través de tuit».

Madrid Central está previsto que comience a funcionar el 30 de noviembre. El presidente Garrido aún confía en poder evitarlo. Y desde su Gobierno se insiste en criticar ese proyecto: la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo , cargaba ayer las tintas al asegurar que el Ayuntamiento estaba «privatizando el corazón» de la ciudad «con fines desconocidos».

El PP no está solo en esta línea: Ciudadanos también está en contra del proyecto y pide, igual que los populares, que se paralice su aplicación hasta que se ajuste a la perfección el plan de alternativas en transporte público. Ambas formaciones presentaron ayer en el pleno de la Asamblea sendas proposiciones no de ley solicitando esto mismo, pero por separado y sin unificar sus proposiciones. Eso sí, la formación naranja insiste al Gobierno regional para que se reuna con la alcaldesa y acuerden los refuerzos de transporte público necesarios.

Una nueva voz en contra de Madrid Central vino a sumarse ayer a las que hasta ahora se han dejado sentir: la del sindicato CC.OO. . En un comunicado, el sindicato se mostró crítico con estas medidas porque las considera «discriminatorias», no recogen un enfoque «social» y se sustentan en la máxima «quien paga, puede contaminar». Denuncia el sindicato que este proyecto municipal cambia la máxima de «quien contamina paga» dirigido a productores, por el «quien paga puede contaminar» dirigido a consumidores.