Madrid aprueba su ordenanza de registro de lobbies

El texto, que contó con el dictamen favorable de la comisión del ramo, ha incorporado por unanimidad ocho acuerdos transaccionales del Pleno , una enmienda presentada por el PSOE y otras de carácter técnico, pero no las 27 del grupo popular. La principal controversia que ha suscitado la ordenanza remite al registro de los grupos de poder por su carácter etéreo y su indefinición. Fue el grupo popular quien más ahondó en esta cuestión , aludiendo a la ausencia de este concepto en el ordenamiento jurídico.

La edil del PP Ana Román ha preguntado «cómo han registrado a los lobbies» si en el ordenamiento español «es inexistente». Además, Román ha recriminado al edil de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto, Pablo Soto , que «no se han molestado» en explicar qué entienden por lobbie. A juicio de la concejal popular, se trata de un tema «muy delicado» que, incluido en uno de los informe de las asesoría jurídica, podría «vulnerar el mandato constitucional de los concejales» .

En la misma línea, aunque de perfil, se han mostrado desde el PSOE y Ciudadanos. Desde la bancada socialista, el edil Ramón Silva ha destacado «la falta de concreción de los lobbies en el ámbito jurídico» y ha señalado la confusión que existe en los límites entre estos grupos de interés y los ciudadanos. Sofía Miranda, de Ciudadanos , ha incluido entre sus alabanzas uno de los matices que encuentra su grupo en la ordenanza. «Mantenemos lo que no ha sido incluido, que es el término de grupos de interés mejor que lobbies» , ha dicho Miranda en alusión a las «connotaciones negativas» de este concepto. No obstante, ha felicitado al equipo de Gobierno por responder a la «necesidad de actuar sobre estos grupos y poner fin a las puertas giratorias» .

La abstención del PP, según ha explicado la concejal Ana Román, obedece en parte a que el texto aprobado es «de mínimos» y no responde a una «iniciativa» de Ahora Madrid, sino a una «obligación legal». Román ha indicado que fue la anterior corporación la que dio los primeros pasos en materia de transparencia con el portal de Gobierno Abierto. «La transparencia es una obligación y un compromiso; contribuye a fortalecer nuestro sistema y es el mejor antídoto contra la corrupción, así lo creemos y demostrado» , ha resaltado la edil popular en base a las 65 enmiendas presentadas por su grupo. Además, ha denunciado que existe una «falta de medios materiales para cumplir esta ordenanza, extremo compartido por el PSOE.

Respecto a ese texto de «mínimos» , Soto ha recriminado al PP que «sorprende» esta consideración» porque «después de 26 años de gobiernos populares Madrid no tiene ordenanza de transparencia» . Sofía Miranda, por su parte, ha declarado en este sentido que esta ordenanza supera los «estándares mínimos» previsto en el marco de la 19/2013 que regula esta normativa y ha reiterado que un registro lobbies es «fundamental para llegar a la transparencia» . «Da la sensación es que hay ciertas suspicacias en ciertos partidos» , añadió.

Si bien se han incluido nuevas imposiciones a los ediles, el nuevo texto no incluye sanciones por incumplimiento. El delegado de Transparencia ha destacado que el primer borrador sí incluía sanciones, pero «asesoría jurídica dijo que que no porque no había norma» que amparar esa regulación. El procedimiento para que puedan incluirse estos castigos es que la cuestión se eleve a la Asamblea de Madrid para su tramitación.

Igualmente, aunque la normativa trata de establecer un control sobre la actividad de los concejales del ayuntamiento, el grupo popular ha recordado al equipo de Gobierno de Manuela Carmena que aún hoy, cuando se ha presentado la primera ordenanza de Transparencia de España, «se resisten a cuestiones como que un concejal que está investigado» . Ana Román ha indicado que no solo no lo han incluido en el texto sino que los ediles Guillermo Zapata y Nacho Murgui todavía no han dado cuenta de sus bienes.