Luis Medina pide al juez que no acepte al Ayuntamiento como perjudicado en el caso de las mascarillas

El letrado alude a la declaración ante el fiscal Luis Rodríguez Sol de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

Según el abogado, «lo cierto y verdadero es que en cuanto a las mascarillas no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran dela calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros».

Sobre los guantes, el abogado expone que Elena Collado relata que en efecto llegaron, pero « no eran de la calidad que se esperaban (40mm) y se puso en contacto con el señor Luceño para que solucionara el problema, procediéndose en pocas horas a devolver la cantidad de 4.025.000 euros, que era la diferencia entre los guantes que se habían encargado y los que habían llegado».

El letrado del empresario destaca que es «muy importante resaltar que a la señora Collado el precio de los guantes que finalmente adquirieron le pareció adecuado».

«El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución , por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación, muy al contrario de lo que hicieron, según declara la señora Collado, con la empresa Sinclair, a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas», subraya el abogado.

Así, entiende que ello acredita «contundentemente» que el Ayuntamiento de Madrid de «ninguna de las maneras se ha visto perjudicado por los contratos investigados, ya que llegaron todas las mascarillas que eran de buenísima calidad, por los guantes se les devolvió la diferencia (adquiriendo los enviados porque eran a precio adecuado) y, en cuanto a los test, no consta que una vez recibido el reactivo no hayan funcionado».

«No puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular en un asunto donde ha estado de acuerdo con los contratosinvestigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos nidenunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos», recalca.

También pide tener en cuenta que, el Ayuntamiento, es «una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamentey rubricándolos), y en el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución », por lo afirma que no es «el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular, a una parte que por su participación en los contratos puede acabar siendo investigada».