Interior rechaza que los operarios del SER sean autoridad pública

Como informó ABC, la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad , que dirige Inés Sabanés, pidió a principios de año una modificación de la normativa para atajar la violencia contra los agentes del SER. Las exigencias eran que se sustituyera su nombre por un número identificativo –aparece DNI, nombre y domicilio– y ser considerados como autoridad pública. Esta segunda reclamación pretende que las agresiones se tramiten por la vía penal y, en caso de multar, poseer presunción de veracidad, como la Policía.

Interior, como era de esperar, ha rechazado el segundo extremo. Su negativa, no obstante, remite a una cuestión meramente formal, ya que por ley solo pueden tener esa consideración los funcionarios públicos. «Aunque los profesores funcionarios ya son agentes de la autoridad , los docentes de centros privados no lo son», explican fuentes del área de Movilidad, tras la negativa del Ministerio.

La catalogación de los profesores y sanitarios se produjo gracias a un cambio en el artículo 550 del Código Penal, en 2015, que dice: «Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos». Así, con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses, aclara : «Son actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas».

La supresión de los datos de los denunciantes, en cambio, se hará efectiva en 2018. Desde la concejalía de Sabanés detallaron que, tras enviar las exigencias al Ministerio, les indicaron que la única solución posible, en efecto, era que en la identificación del agente no figurara ningún dato personal. «La medida se va a incluir en la ordenanza de Movilidad Sostenible para poder aplicarla en Madrid; el borrador se presentará en los próximos meses», señalaron. Respecto a la cuestión de la presunción de veracidad, los controladores ya cuentan con un nuevo dispositivo que incluye tres fotografías del vehículo sancionado.

Las agresiones son un problema que se arrastra en la capital desde hace años. Según cifras del sindicato UGT, los controladores del SER sufren una media de 200 ataques al año (190 en 2016), intensificados, precisamente, tras la modificación del Código Penal . «Con la reforma los insultos quedaron despenalizados y ya ni siquiera los denunciamos, pero ocurren a diario», detallan desde el sindicato, que asegura que los datos se mantienen en 2017.

La plantilla, de 800 trabajadores y 1.160 euros brutos mensuales , insiste en que su profesión se ha convertido en un riesgo, incluso con ingresos hospitalarios. «Me rompieron seis costillas, el tabique nasal y el tímpano», narra otro agente. UGT señala que las mujeres (80%) son las más atacadas, con el barrio del Pilar como el principal foco. Tanto es así que en La Ventilla y en los alrededores del Hospital de La Paz operan por parejas, algo que ya no ocurre en otras zonas de la ciudad.