Desesperación policial y vecinal en Getafe por el ruido sin control

«Estamos con las manos atadas. Los compañeros van, pero no pueden hacer nada más que pedir que bajen el volumen. Si no hacen caso, no se puede denunciar. No existe normativa al respecto, así que es el vecino el que tiene que judicializarlo . Lo único que podemos aportar es el parte policial como prueba», informan fuentes de la Policía Local de Getafe, municipio al que pertenece Perales del Río.

Ante este hecho, impera el malestar vecinal. «Los ciudadanos están hasta el gorro. No entienden que no les podamos solucionar el problema y son numerosos los enfrentamientos que se han producido por este asunto», señalan. Desde hace dos años a esta parte, hay más conflictos por el ruido en Perales. Los particulares no acuden al juzgado para denunciar a algunos de los ciudadanos que llevan a cabo estas prácticas incívicas. Hay miedo. Muchos de ellos, confirman las mismas fuentes, proceden del extinto poblado chabolista de El Ventorro de La Puñalá.

El pasado 23 de junio, cuatro agentes resultaron heridos por solicitar de madrugada a los inquilinos de Amnistía Internacional, 38 que bajasen la música. Estaban de fiesta. Golpearon a los policías ante el requerimiento. La Policía Nacional tuvo que acudir a socorrerlos. Los identificados residían en los barrios del Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas, y en el problemático Ruedo de Moratalaz.

Getafe, pese a ser un gran municipio (176.659 habitantes), es de los pocos que no cuenta con una ordenanza de convivencia ciudadana. Raquel Alcázar, concejal de Cultura, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Accesibilidad (PSOE) confirma a ABC que el ruido vecinal es «complicado» de abordar en la localidad, aunque descarta que sea un problema superior al de otras zonas de Madrid. «Se trata de casos de incivismo esporádicos que, como en otros lugares, en verano se recrudecen», apunta. Reconoce, no obstante, que la Policía Local no tiene la herramienta para ser más eficaz ante estos incidentes, no sólo en Perales, sino en todo Getafe.

Por ello, antes de que culmine la legislatura, a ser posible este año, el Partido Socialista que dirige Sara Hernández en Getafe pretende aprobar la nueva norma de Convivencia. En el borrador han trabajado vecinos y la propia Policía, quien se ha encargado de establecer el régimen sancionador.

Hasta estos momentos, la contaminación acústica provocada por las conductas de los particulares en la vía pública no estaba regulada. Con la nueva ordenanza estará prohibido perturbar el descanso de los vecinos con el funcionamiento de aparatos de televisión, radio, musicales u otros aparatos sonoros que sobrepasen los límites establecidos y en horarios inadecuados; los cantos, gritos, peleas o cualquier otro acto molesto, así como los ruidos por obras.

Los fines de semana, la Policía Local también tiene problemas para sofocar el griterío de los jóvenes que realizan botellón junto a las viviendas de la calle Madre Maravillas, donde hay un parque. «Si no están bebiendo en la vía pública, tampoco les podemos sancionar», relatan desde el Cuerpo local.

El nuevo texto abarcará más conductas que hasta ahora estaban al margen del control municipal: los grafitis, tirar desperdicios, arrojar colillas, el cambio de aceite y limpieza de los vehículos, las actuaciones musicales, la venta ambulante y la compra en la calle, el exhibicionismo, el acoso, la prostitución y su demanda son algunas de ellas. El texto también prohibirá la mendicidad en semáforos y en la calle cuando obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de los ciudadanos.

Cuatro agentes de la Policía Local de Getafe terminaron en el hospital de la localidad el pasado 23 de junio tras intervenir en un domicilio de Perales del Río que tenía la música a todo volumen. Desde entonces, todos continúan de baja . La agresión se produjo a las dos de la madrugada, después de que tres de los uniformados acudieran por segunda vez al unifamiliar que se ubica en la calle Amnistía Internacional, 38 para volver a requerirles que bajaran la música.

Entre 30 y 40 personas de etnia gitana se abalanzaron sobre ellos sin mediar palabra y les molieron a golpes entre puñetazos, patadas y alguna botella que acabó en sus cabezas, como describieron fuentes policiales en su momento. Un cuarto funcionario acudió para socorrer a los compañeros, que fue el que pudo avisar a la Policía Nacional para pedir refuerzos antes de que también fuera objetivo de la paliza. Sólo una mujer pudo ser detenida.