Denuncian ante la Fiscalía al Gobierno de Aranjuez (PSOE) por no devolver la subida de sueldos ilegal

En su escrito al fiscal, el concejal de la formación naranja le explica que una primera sentencia de abril de 2017, que respondía a una denuncia interpuesta por el PP, anulaba el decreto de la alcaldesa que determinaba qué concejales tendrían dedicación exclusiva –y cobrarían por ello–, basándose en su falta de competencias para aprobar algo así. Las cantidades cobradas y luego anuladas por sentencia estarían entre los 50.000 y los 170.000 euros.

Posteriormente , en junio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la nulidad del decreto de la alcaldesa , y el juzgado de lo contencioso número 9 de Madrid dictó en octubre una diligencia pidiendo al Gobierno municipal que le comunicara al juzgado qué órgano ejecutaría la sentencia, y advirtiendo que cualquier parte afectada podría solicitar su ejecución forzosa transcurridos dos meses.

Baquero añade en su escrito al fiscal –con fecha de registro 10 de enero de 2019– que el juez dio de plazo hasta el 4 de diciembre de 2018 para ejecutar la sentencia. Pero a día de hoy, el dinero no se ha devuelto. Según el portavoz de Ciudadanos, aunque la alcaldesa está facultada para proponer la subida salarial, ésta debe ser aprobada en pleno, lo que no ocurrió en 2015. Y como «el único órgano que puede ir a los juzgados a pedir la defensa de los intereses del pleno es el propio pleno», l levó al de noviembre una proposición para incoar el procedimiento de reclamación de pagos indebidos. Que fue rechazada por todos los grupos excepto por el proponente, Ciudadanos.

Entre quienes votaron no, se encuentran también seis de los ediles del PSOE –incluida la alcaldesa, Cristina Moreno– que fueron beneficiados por la subida. «Aún habiendo sido advertidos por mí mismo de que existía un manifiesto interés personal en el asunto por su parte» lo que les hubiera obligado a abstenerse, indica, no lo hicieron.

Todo lo cual lo pone Baquero en conocimiento del fiscal por si pudiera ser «constitutivo de algún ilícito penal». En declaraciones a ABC, apuntó que en su opinión se podría estar ante posibles delitos de «prevaricación, malversación y desobediencia a sentencia».

El concejal de la formación naranja afirma que a raíz de la denuncia del PP, el fallo anula los decretos y «exige que se retrotraiga a la situación anterior» . Aunque no se haga referencia específica en el mismo a la devolución de las cantidades cobradas por la subida –una cantidad de entre 50.000 y 170.000 euros que «deberá determinar la Intervención Municipal», apunta el edil–, entiende que es consecuencia lógica de la misma.