Dancausa insiste en su inocencia ante el juez: «Todo eran beneficios para Mercamadrid»

Dancausa ha declarado como investigada durante una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, como investigada por un posible delito societario en Mercamadrid presuntamente cometido cuando era presidenta del Consejo de Administración. El juzgado considera que los acuerdos firmados entonces entre Mercamadrid y Merca Ocio para arrendar naves habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio».

«Todo eran beneficios para Mercamadrid» ha explicado Dancausa tras su declaración judicial, asegurando que «había un problema importante y lo resolvimos de la mejor manera », por lo que ella tiene «la conciencia muy tranquila».

Dancausa ha especificado que cuando ella llegó al Consejo de Mercamadrid en 2013 «había una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones », y con el acuerdo suscrito luego «se ponía en marcha un local y unas naves muy importantes, y se aseguraba un canon que teníamos concedido pero que se aseguraba hasta 2032». La delegada del Gobierno ha añadido que esta operación «no tenía ningún coste para el Ayuntamiento, puesto que Mercasa era la que pagaba la renta del contrato del arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio».

Dancausa ha asegurado que ha declarado ante el juez «con total normalidad», que para ella supone «una situación positiva poder explicar al juez los beneficios que tenía la operación para Mercamadrid» y ha confiado que el magistrado archive la causa.

Preguntada por los periodistas por la complejidad del proceso que conllevaba la firma del contrato de 2013 y sus supuestos beneficios, la delegada ha reconocido que «el caso es complicado de entender , pero todo eran beneficios para Mercamadrid».

Ha recordado que la concesión de locales de Mercamadrid se remonta a 2001 y que «a partir de ahí hay una serie de problemas de concesión, (ya que) una de las partes, un hotel, se pone en marcha pero otras naves no consiguen las licencias», y cuando ella llega a la Presidencia del Consejo de la entidad se encuentra con la mencionada responsabilidad patrimonial de ocho millones. Por eso se consensuó esa solución, que fue votada por unanimidad, ha subrayado.

La delegada ha negado que, como sostiene el Ayuntamiento, el perjuicio de ese contrato ascienda a once millones de euros, porque esta cifra solo se alcanzará «si no se ha hecho nada con las naves hasta 2032», y ha opinado que decir eso es mantener una actitud «torticera» . Por eso ha criticado que las naves sigan vacías y que «el Ayuntamiento actual no ha hecho lo que tenia que hacer», que es «trabajar para llevar a fin» los acuerdos tomados en lugar de «ir por los tribunales».

El magistrado también tomará declaración hoy como investigado a Juan María López Álvarez, expresidente de Konin 22 -la empresa a la que inicialmente se le dio la concesión que se investiga-, y como testigos a los exdirigentes de Mercasa Eduardo Mejide y Florencio Casillas, ya que Mercasa era la empresa que finalmente iba a subarrendar las naves.