La batalla en las residencias: «La situación por el virus es terrible, pero está controlada»

El sector poblacional de los mayores sigue siendo el eslabón más débil de esta cadena mortal. A finales de marzo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convocó una reunión de urgencia por videoconferencia con parte de su Ejecutivo (entre ellos, el vicepresidente y los consejeros de Sanidad y Justicia, Interior y Víctimas) después de que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, trasladara a la oposición los primeros datos de muertes en residencias. Tras ser hechos públicos los números, el 27 de marzo, la líder del Gobierno autonómico puso en marcha, de manera urgente, un plan de choque contra las devastadoras consecuencias que la pandemia estaba dejando en las 475 residencias, entre públicas y privadas. Y en las que hay internados 51.916 abuelos.

Los datos oficiales describen la magnitud de la tragedia. El 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, había 210 muertes en toda esta red. Cuatro días más tarde, el número había aumentado un 300%, alcanzándose una cifra total de 841 fallecidos. Al día siguiente, se superaba el millar (1.101). Pero aquello no había hecho más que empezar y la estadística iba subiendo día a día: 1.332 el 26 de marzo y 1.570 la jornada siguiente, la misma en la que Ayuso dio el puñetazo en la mesa . «El desastre que se avecinaba, con el virus metido en las residencias, nos llevó a tomar una decisión. Un Gobierno responsable, ante un escenario como ese, tiene el deber de actuar», defienden en Sol.

A aquella reunión telemática acudieron también el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, puesto que el Samur y los Bomberos del Ayuntamiento debían participar en la nueva estrategia. Paralelamente, Ayuso y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablaron por teléfono y decidieron que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tomara una parte activa en la desinfección de los geriátricos, donde el goteo de fallecimientos es constante, hasta el punto de encontrarse con 157 cadáveres en las habitaciones. Un gesto, el de Robles, bien saludado por la presidenta regional, también públicamente.

Pero este plan de choque no iba a estar comandado por el consejero Reyero, sino que fue desautorizado implícitamente al establecer un mando único a cargo del titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con la colaboración, eso sí, de los de Justicia y Políticas Sociales. La gestión de este último no había sido precisamente óptima, como quedó constatado con un virus incontrolado entonces en, al menos, 25 residencias de la región. La propia consejería calificaba como «crítica» la situación y se corría el riesgo de extenderse como la pólvora al resto. «No existía entonces un análisis concreto de lo que estaba ocurriendo», insisten fuentes regionales.

Ayer mismo, la jefa del Ejecutivo regional afirmaba al respecto: «Si se demuestra que ha habido por parte de directivos de residencias de mayores o de miembros de la Administración regional dejación clara de funciones o negligencia, evidentemente, se pedirán responsabilidades». Y apostilló, en lo que respecta a los consejeros, que sobre ellos tiene «responsabilidad y decisión de nombramiento y cese» , refiriéndose a los del PP porque los de Cs lo decide la formación naranja: «Si tengo la certeza o seguridad de que ha habido negligencia, dejación de funciones, falta de interés o errores evidentes, no tengo ningún problema» en pedir responsabilidades.

Pero, volviendo al momento del golpe de timón en la gestión de la crisis, hubo que reaccionar pronto, movilizando a más de un centenar de efectivos de todas las unidades implicadas. Y sin contar con precedentes desde la Guerra Civil de una emergencia tan grave . Se trabaja contra el reloj: el coronavirus puede dar la cara dos o tres semanas después de haberse producido la infección y, además, las personas mayores (y, sobre todo, las que se encuentran en residencias) presentan varias patologías simultáneas, lo que aumenta su letalidad.

Pero los servicios asistenciales y sanitarios estaban ya al límite . Aquel 27 de marzo, había 1.312 camas de UCI comprometidas, 2.400 muertos solo en Madrid y un país con 5.000 fallecidos y 65.000 contagios. La famosa curva aún no se aplanaba.

El diagnóstico que se realizó se complicaba por la opacidad de algunos de estos centros, los privados, a la hora de facilitar datos reales. Es más, la Comunidad se enteraba de situaciones de extrema gravedad, como la de la residencia Santa Sofía de Las Rozas , una de las mayores de la región (con 500 internos y medio centenar de muertos) por los medios de comunicación. ABC puede dar cuenta de ello, que alertó de lo que allí ocurría sin conseguir datos de la dirección y sin que Políticas Sociales supiera aún lo que estaba pasando.

El nuevo mando único creó 40 equipos «ligeros», formados cada uno por dos profesionales: 30 por Bomberos de la Comunidad y los otros 10 por la UME. Visitaron las residencias y establecieron su propio esquema. Esa información se centraliza en la sede del 112 , que se reúne todas las tardes para programar el trabajo del día siguiente.

Luego están los equipos «pesados», con Bomberos de la Comunidad, la UME, médicos, enfermeros, técnicos de Políticas Sociales, Protección Civil, Policías Locales, Cruz Roja e incluso Médicos Sin Fronteras. Amén, en la capital, del Samur y Bomberos municipales. Desinfectan las residencias; separan a los mayores contagiados de los no contagiados; dan pautas de funcionamiento al personal de las residencias; llevan a cabo un análisis sanitario y social de cada institución; trasladan enfermos a hospitales u otros centros residenciales si así lo determina la autoridad sanitaria, y reparten material de protección llegado al centro logístico que la Comunidad creó el 21 de marzo para canalizar las donaciones.