La Fiscalía contesta a Medina que devolver dinero tras «el engaño» no anula el delito de estafa

El fiscal Luis Rodríguez Sol respondía así al recurso presentado por Medina para solicitar al juez que expulsase de la causa al Ayuntamiento de Madrid, que figura como víctima y ejerce la acusación en calidad de perjudicado. El empresario consideraba que no se había producido perjuicio alguno en tanto que los servicios funerarios de Madrid habían firmado un contrato y comprado unos productos aceptando el precio y, después, los habían recibido.

«De ninguna de las maneras se ha visto perjudicado por los contratos investigados, ya que llegaron todas las mascarillas que eran de buenísima calidad , por los guantes se les devolvió la diferencia (adquiriendo los enviados porque eran a precio adecuado) y, en cuanto a los test, no consta que una vez recibido el reactivo no hayan funcionado», alegaba Medina.

La Fiscalía le acusa ante el juez de utilizar en su favor «algunas frases de la declaración de la testigo», la funcionaria que negoció las compras Elena Collado ,«que en su opinión demostrarían que hubo acuerdo entre las partes», excluyendo «intencionadamente» otras que «apuntan claramente la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid haya sido víctima de un delito». «La más clara», dice el fiscal, la que pronunció la funcionaria tras ver los guantes: «Nos han estafado seguro», dijo.

«El hecho de haber devuelto parte del dinero después de haberse constatado el engaño no elimina la atipicidad de la conducta, sino que a lo sumo podría considerarse una circunstancia atenuante de un delito consumado», expone el escrito del fiscal Rodríguez Sol.

Incide además en que «es falso que la cantidad restituida fuera la diferencia de precio entre el producto que se había encargado y el que efectivamente se recibió», como trata de hacer ver Medina en su recurso. «Fue el resultado de renunciar a las comisiones que los investigados habían pactado con el vendedor sin alterar un ápice el precio inicial del producto y que aún así, supuso para el Ayuntamiento de Madrid el desembolso de una cantidad de dinero muy superior al valor real de la mercancía», añade.

Por último, el fiscal recuerda que la funcionaria hizo una foto de los mismos guantes que habían comprado ellos en un supermercado y el precio estaba muy por debajo del que pagó el Consistorio pese a la devolución y encima, «acabó pagando el sobreprecio de una penalización de 25.000 dólares que en justicia deberían haber soportado los intermediarios como responsables de la entrega de un material que no se correspondía con lo pactado y que, sin embargo, se cargó al Ayuntamiento de Madrid sin su conocimiento».

La respuesta de Anticorrupción va en línea con la que ha emitido el propio Ayuntamiento, que también ha pedido al juez que rechace las pretensiones de Medina en un escrito en el que le afea que intente justificar que no hubo engaño porque los productos se entregaron.

«La cuestión nuclear de la estafa objeto de investigación no se circunscribe a que los bienes no se hubieran entregado, o a que la calidad de los bienes fuera inferior a la pactada (sin perjuicio de que, efectivamente, los guantes que se entregaron no eran los determinados en el contrato celebrado sino de calidad ostensiblemente inferior), sino a que los querellados fijaron los precios de los mismos ocultando al Ayuntamiento que un elevado porcentaje de tales precios (aproximadamente un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para los tests) correspondía a las comisiones que los mismos querellados iban a percibir; lo que supuso un incremento exorbitante del precio de los productos contratados», contesta la letrada.

Conforme señala, «como consecuencia de la actuación de los querellados, el Ayuntamiento de Madrid ha soportado un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos, lo que resulta suficiente para tener la consideración de víctima en la presente causa». Pide así al juez que mantenga su condición.

Por otra parte, el Consistorio ha solicitado que se imponga a Luceño una fianza de casi 6,2 millones de euros a la vista de que el juez no ha podido embargar bienes y fondos por el importe de la comisión que se llevó en la venta de material sanitario al Consistorio , por la que está imputado ante presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad.

En un escrito al que tuvo acceso ABC, la representación del Ayuntamiento responde así a la petición que había hecho el juez Adolfo Carretero, que instó a las acusaciones a proponer medidas económicas tras constatar que los embargos que había ordenado no llegaban a cubrir los 5,5 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba asegurar ante la posibilidad de que este asunto termine en condena.

El Consistorio eleva la cifra a esos cerca de 6,2 millones porque entiende que la fianza ha de ser suficiente para garantizar que afronta las responsabilidades económicas que se derivarían en ese caso. Solicita al juez que si el empresario no aporta la cuantía, acuerde una averiguación patrimonial tanto de él como de su mercantil Takamaka a fin de poder afinar más con los embargos hasta alcanzar la cantidad.

El juez Carretero tiene esta y otras peticiones por resolver encima de la mesa. La representación de Más Madrid , que ejerce la acusación popular, ha pedido que se amplíe el objeto de la investigación a un delito de falsedad por parte del Ayuntamiento, ya que según expone, la documentación que envió a la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos de compra de mascarillas, guantes y test por los que los dos empresarios se llevaron la comisión difieren de los que había presentado meses antes la Empresa Funeraria de Madrid.

Sostienen que siendo un único expediente electrónico, los documentos deberían ser los mismos y sin embargo, en unos aparece el contrato con la firma digital de la concejala que los autorizó y otros, omiten esa información, muestran una hoja de encargo firmada a mano que impide así conocer la fecha exacta de emisión. Solicitan al juez que llame como investigado al gerente de la funeraria , Francisco Sánchez, para que aclare estos extremos, de acuerdo al escrito al que tuvo acceso ABC.

Además, el Partido Socialista de Madrid, que también está empujando la causa en calidad de acusación, ha pedido la imputación de la funcionaria que llevó la negociación con Luceño , Elena Collado. Consideran que tal y como va la investigación puede resultar que el objeto sea la participación de las personas que intervinieron en los contratos de parte del Ayuntamiento, y en este sentido, ven necesario para garantizar los derechos de la funcionaria y que no haya conflictos de interés, que acuda con un abogado propio y en calidad de investigada, según informaron en fuentes jurídicas. De momento, está citada en mayo y como testigo.