Los letrados de Justicia piden la intervención de Sánchez para evitar una huelga indefinida

«Con esta comunicación se pretende alertar de la gravedad y extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales, a partir del 24 de enero de 2023, consecuencia de la Huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (en adelante LAJ), en la que ha desembocado el conflicto laboral con el Ministerio de Justicia«, señalan los funcionarios.

Advierten de que esta huelga tiene un impacto directo global en ciudadanos y empresas, pues al depender de este cuerpo la oficina judicial, se provocarán «enormes perjuicios con suspensiones de juicios y declaraciones, aumentando las dilaciones». A ello se suma la paralización de pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), pues estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.

La convocatoria de la huelga tiene su origen en la falta de adecuación salarial, dicen, a las «mayores funciones y responsabilidades» que les atribuyó la reforma de 2009 y que se han ido viendo incrementadas en sucesivas reformas, muy intensamente en 2015, provocando un «insoportable desequilibrio en las prestaciones» sin que ni siquiera se les tenga en cuenta en las mesas de negociación colectiva. El Ministerio de Justicia, lamentan, no les «atiende, ni cuida, ni respalda, ni protege de agresiones antisindicales de dichas organizaciones».

Recuerdan estas asociaciones que el detonante del conflicto fue el Acuerdo de 15 de diciembre de 2021 firmado por Ministerio de Justicia con dichos sindicatos sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales: se les asignó únicamente un complemento específico transitorio tan solo 10 euros superior al asignado para la equiparación territorial a los Gestores Procesales.

Para hacer constar su malestar e indignación con dicha situación los letrados de justicia fueron mayoritariamente a la huelga los días 29 de enero, 9 y 10 de marzo del año pasado. La convocada para los días 5, 6 y 7 de abril se suspendió ante compromisos por escrito del Ministerio de Justicia de impulsar las mejoras retributivas y estatutarias, establecer un calendario de reuniones y dar audiencia a las asociaciones profesionales.

Los letrados acusan al Ministerio de Justicia, no solo de alargar y recrudecer el conflicto, al no convocar al comité de huelga sino de «incendiar y enardecer faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido diez de las once reivindicaciones«

«Ante la gestión insensible e irresponsable del departamento ministerial del Gobierno que preside, en un año electoralmente tan importante, apelamos a su autoridad para que se adopten las medidas necesarias para que se reconduzca el conflicto, para que prevalezca la Justicia, valor superior del ordenamiento jurídico y su funcionamiento el pilar fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho que es España, evitando a la ciudadanía los perjuicios de la huelga», concluye el comunicado.