El juez de Tsunami pide a la Guardia Civil que localice al diputado de ERC que se marchó a Suiza

Según explica, «puesto que una de las finalidades de la fase de instrucción es la de asegurar las personas responsables de los hechos delictivos investigados, determinar la localización de Rubén Wagensberg Ramón y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial».

«Atendida la posibilidad que el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial, se acuerda requerir a la Unidad policial investigadora, UCE 3, de Guardia Civil, a fin de que realicen las comprobaciones pertinentes para asegurar si el investigado se encuentra en su domicilio y si acude a su lugar de trabajo habitual», detalla la resolución.

El auto acuerda asimismo otra batería de diligencias, pero por el camino lanza un aviso a navegantes como recordatorio de que la causa contra Tsunami Democràtic se abrió por delitos de terrorismo con el plácet del fiscal y ya en julio del año pasado el juez puso por escrito que eran ilícitos de esta índole en una resolución contra la que «no consta recurso alguno ni por la Fiscalía ni por ninguna de las defensas ya personadas en aquel momento». Recuerda además, que las comisiones rogatorias remitidas tanto a Suiza como a Estados Unidos en el inicio de la causa hablaban «expresamente de delito de terrorismo».

Tras esta exposición, acuerda ampliar la comisión rogatoria enviada a Suiza para incorporar a la reclamación de información -se pidieron cuentas bancarias y también el domicilio de la dirigente de ERC Marta Rovira- para recoger explícitamente que su Estado es firmante de los mismos convenios que España en materia de terrorismo en el contexto específico de la protección de la seguridad de la aviación civil.

En concreto, incorpora a al petición de colaboración judicial «la información de AENA y ENAIRE» sobre el bloqueo orquestado por Tsunami Democràtic en el aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019 porque considera que esos datos «permiten consolidar la existencia de unos hechos susceptibles de tipificarse conforme a las infracciones previstas en el Convenio de Montreal de 1971 y el Protocolo de 1988», que son los que refieren como ilícitos terroristas los actos que atenten contra la seguridad aérea.

En paralelo, ordena recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea información relativa a lo sucedido en El Prat e informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se ha realizado alguna actuación al respecto.