Jueces para la Democracia pide ahora a Batet que active la renovación del CGPJ

En un comunicado con un llamativo sesgo político, JJpD atribuye el bloqueo al PP y llega a señalar que la negociación entre Gobierno y populares se interrumpió «como consecuencia del mensaje del senador popular Ignacio Cosidó, que frustró el acuerdo al que se había llegado«. El anuncio de este encuentro llega el mismo día en el que Reynders se ha reunido con las dos asociaciones judiciales mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Franscisco de Vitoria, para conocer de primera mano la situación de la justicia y constatar el cumplimiento de las recomendaciones europeas sobre el Estado de derecho.

«Ante las reiteradas exigencias del Partido Popular de que se modifique a su gusto el sistema de elección que contiene la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como condición para la renovación, la petición que va a trasladar la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia es que se cumpla la Constitución y la ley sin someter ese cumplimiento a ninguna exigencia o condición previa«, señala la nota, en la línea con el discurso de Moncloa.

En lo que se antoja un lavado de cara a Batet, (es al Congreso y al Senado, y no al Gobierno, a quien compete la renovación), la asociación judicial asegura comprender «las reticencias de los presidentes de Congreso y Senado ante el boicot a la renovación que mantiene el Partido Popular desde hace cuatro años, pese a que la regulación legal vigente fue producto de una reforma legal que dicho partido introdujo«. »Pero entendiendo esa dificultad, vamos a reclamar que se atienda la exigencia del art. 568.1 LOPJ, que después de declarar que el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años, dispone que «los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo».

Juezas y Jueces para la Democracia, prosigue, «va solicitar mañana a la presidenta del Congreso, y en una próxima reunión al presidente del Senado, que atendiendo a tal exigencia legal, semejante a la que contiene el art. 122.3 de la Constitución que fija un mandato de cinco años, y no de nueve como va cumplir este CGPJ, finalicen las entrevistas pendientes a los candidatos a vocalías, y se proceda a la votación, en los plenos sucesivos que sean necesarios, de las candidaturas que fueron elegidas democráticamente por la judicatura a través de sus asociaciones judiciales y no asociados, y el resto de juristas de reconocido prestigio no judiciales«.

Sobre el deseo de esta asociación de mantener las cosas como están planea el riesgo de que el cambio en el sistema de elección les perjudique, teniendo en cuenta que tradicionalmente los sillones del CGPJ han estado en manos de la APM y JpD, de sensibilidades conservadora y progresista respectivamente, y que Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, no había participado hasta ahora en este proceso. Con un eventual cambio en el sistema de elección (dejándolo en manos de la carrera), sí va a hacerlo.