Los jueces acogen con reservas la propuesta de una intervención europea inédita

El primer punto en común acordado entre ambos para que la Comisión Europea «medie y verifique» los avances de la futura negociación es, a ojos de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), un «tímido avance». «No vamos a renunciar a que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pero ahora la prioridad es que se renueve. Sería deseable que los grupos parlamentarios fueran capaces de alcanzar el acuerdo, pero parece que no lo son. No sé si la propuesta será la solución. Veremos en las próximas semanas», trasladó a ABC la presidenta, María Jesús del Barco.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de jueces asociados, compartió que «la renovación del órgano no va a implicar la despolitización del CGPJ. Es fundamental proceder a la reforma de la LOPJ que permita que la carrera judicial elija a sus doce vocales conforme a un sistema representativo que garantice la pluralidad de la carrera judicial. Y ese es en el sentido que tenemos que avanzar», afirmó Sergio Oliva, su portavoz. Reconoció que la reunión de ayer «supone dar un paso hacia adelante en el intento de corregir esta anomalía democrática que dura más de cinco años».

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Desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el magistrado Edmundo Rodríguez también da la bienvenida a «cualquier fórmula que ponga fin a la situación, aunque más adelante haya que analizarla».

El artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que la Comisión Europea pueda intervenir en una disputa entre dos países miembros para evitar que se tenga que llegar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Esta sería la primera vez que el Ejecutivo comunitario tiene que implicarse para ayudar a Gobierno y oposición de un país miembro a ponerse de acuerdo. Según expertos en derecho comunitario, no estaría fuera de sus atribuciones porque se refiere a la vigilancia del respeto al Estado de derecho en la Unión Europea, que es uno de los campos en los que la administración comunitaria tiene competencias claras.

Fuentes comunitarias de toda solvencia explican que no se trataría tanto de una mediación en la que las dos partes llegaran a un punto equidistante, sino «una especie de asesoría para poner en marcha las recomendaciones» que ha fijado la propia Comisión en el informe anual sobre el Estado de derecho en España, y que incluyen tanto la designación de los vocales que completan el CGPJ como la reforma de las reglas de elección de sus futuros miembros. De este modo, la Comisión ha aceptado este inédito papel porque equivale a la supervisión de la puesta en práctica de sus propias recomendaciones, que ya llevan dos años apareciendo claramente como defectos en el informe anual sobre el respeto a los valores europeos que Bruselas elabora cada año. El de 2024 se publicará probablemente después de las elecciones europeas previstas para primeros de junio, lo que no impedirá que recoja con todo detalle el resultado de este trámite.

La propia Comisión ha estado al corriente de este movimiento en todo momento, de modo que fuentes populares afirman que «Feijóo no ha dado ningún paso sin que lo supiera previamente la Comisión al más alto nivel». A Bruselas le corresponde ahora designar el equipo que participe en estas conversaciones entre Gobierno y oposición, que se prevé que esté formado principalmente por técnicos del departamento que dirige Didier Reynders.