El marido de Begoña Gómez, el estigma y las nulas explicaciones

Si la esposa del presidente se agarra a su derecho a no declarar, lo normal es que el juez pregunte a otros testigos para esclarecer los hechos. Se apelliden Sánchez o Zutánez

Madrid

23/07/2024 a las 04:03h.

Si le aplicáramos a Pedro Sánchez la misma medicina que él aplicó al Gobierno cuando estaba en la oposición, su carrera política habría llegado a su fin esta misma mañana. Finito, sayonara, se acabó la fiesta. Ahora que Sánchez tendrá que declarar como testigo ante el juez ... , ¿dónde queda su petición de dimisión el día que Rajoy tuvo que hacer lo mismo en el caso Gürtel siendo, como él, jefe del Ejecutivo?

Antes de bucear en los antecedentes y comparar, dejemos claras algunas cosas: es verdad que el juez Peinado no es el más fino de la historia de la judicatura española, pero tiene un aval de la Audiencia Provincial para investigar algunas de las actividades de Begoña Gómez. Además, un empresario apellidado Barrabés ha declarado lo siguiente: que fue recibido en La Moncloa no sólo por la mujer del presidente, sino por el propio Pedro Sánchez.

Casualmente, o no, en esos años, consiguió el 90 por ciento de sus contratos públicos. Su empresa tecnológica resultó adjudicataria de hasta 28 contratos públicos por un total de 22,9 millones de euros. Todo esto después de que Begoña Gómez firmara dos cartas de recomendación que él mismo presentó para que su compañía, Innova Next SLU, resultara adjudicataria de tales licitaciones. ¿De verdad es tan extraño que el juez quiera preguntar al presidente del Gobierno si se sentó con ese señor? A mí me parece lo normal. Lo que pasa es que cuando se cita a declarar a un presidente los partidos entran en ebullición, y en este caso el PSOE y el Gobierno se están pasando de la raya con esta estrategia de criminalizar al juez.

Antecedentes de presidentes declarando hay diversos, aunque ninguno exacto. Todo empezó en noviembre de 1996, cuando la Sala II del Tribunal Supremo rechazó tras un intenso debate y por un ajustado 6-4 citar a Felipe González a declarar como imputado en la trama de los GAL. Más allá de argumentos de fondo, aquel auto esgrimió el «efecto estigmatizador» para liberar al presidente. ¿Quién fue el ponente? Cándido Conde-Pumpido, entonces magistrado del Supremo, después fiscal general y hoy presidente del Tribunal Constitucional. Aún así, Felipe sí tuvo que prestar declaración, aunque como expresidente y en calidad de testigo. Fue por el secuestro de Segundo Marey, el viajante de comercio víctima de los GAL, un caso que acabó con Barrionuevo condenado y González dándole un abrazo en la puerta de la cárcel.

Felipe prestó declaración sin fotógrafos ni cámaras, o eso al menos es lo que intentó la Sala, pero un avezado periodista llamado Fernando Quintela se coló entre el público con una cámara de plástico metida en un periódico y logró retratar a González. Ay, el estigma, que tanto preocupa a los partidos políticos. No hay nada que les guste menos que ver a su líder sentado en un banquillo, aunque sea en el de los testigos. Qué decir si el líder es el presidente del Gobierno.

Tuvieron que pasar 19 años para ver a otro presidente del Gobierno sentado en la misma silla. Fue Mariano Rajoy, y siendo presidente del Gobierno, aunque en ese caso era en juicio, no en instrucción.

El elemento común es que en todos los casos los presidentes, en ejercicio o no, no querían contar nada, y la opinión pública fue implacable. Ese es otro elemento común: la exigencia de explicaciones. Y otro más: en estas circunstancias los presidentes suelen quedarse callados. Pero hay una diferencia sustancial: Sánchez dijo públicamente que su esposa colaboraría con la Justicia y no ha habido explicación ninguna. Ni ante el juez ni ante la prensa. Está en su derecho como imputada, pero comprenderá entonces que haya que preguntar a otras personas. Se apellide Sánchez o Zutánez, y caiga quien caiga. Se llama Estado de derecho.