Bolaños se embolica con el Poder Judicial

Parece que el belga se dará otro mes para intentarlo justo ahora que Bolaños se embolica al denostar el informe del CGPJ contra la amnistía porque fue aprobado «por los vocales elegidos por el PP». Como si no hubiera vocales escogidos por el PSOE. O como si en el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última y decisiva palabra sobre esa ley, no hubiera un presidente y una mayoría de magistrados seleccionados por el PSOE. Sorprende tamaño lío mental y argumental en un Bolaños que, como todos los ministros de Justicia de Sánchez, es firme defensor de que socialistas y populares sigan eligiendo el CGPJ entero.

El propio Bolaños, incluso desde antes de asumir esta cartera, lleva tres años intentando repartirse con el PP los 20 sillones y la presidencia de esta institución, por lo que no parece muy coherente que ahora se lamente de que haya algunos «elegidos por el PP» y que, según él, actúen al dictado del PP. ¿Eso también aplica para los vocales del Poder Judicial y magistrados del Constitucional propuestos por el PSOE? ¿Le parece que el TC está al servicio de su partido porque lo preside un ex fiscal general nombrado por su partido (Cándido Conde-Pumpido) y lo integran un exministro de su partido (Juan Carlos Campo) o una ex alto cargo de su ministerio de Presidencia (Laura Díez)?

Por cierto, Campo también fue vocal del CGPJ «elegido por el PSOE», como diría Bolaños, de lo que sólo cabe colegir que al ministro no le molesta que dos partidos se repartan todo el órgano de gobierno de los jueces españoles, sino que uno de esos partidos sea el PP. O que los vocales escogidos por Génova decidan en contra de los intereses de este Gobierno, lo cual es todavía más sorprendente, ya que ese es el vicio de origen bajo el que PSOE y PP se han venido repartiendo este órgano durante décadas. Bolaños se queja ahora de lo mismo que su partido en general y él muy en particular han hecho siempre y siguen pretendiendo hoy.

A este respecto, conviene recordar que todas las asociaciones de jueces consensuaron hace casi siete años un documento con 14 propuestas «básicas, necesarias e ineludibles» para mejorar la Justicia en España, que presentaron y explicaron a todos los grupos políticos que quisieron atenderles. Era mediados de 2017, gobernaba Mariano Rajoy y el mandato del CGPJ estaba tan vigente que le quedaba más de un año por delante. Por tanto, nadie acusó entonces a todos esos jueces de maniobrar contra un gobierno progresista o la soberanía «popular», nadie les tildó de retrógrados o endogámicos y nadie les criticó por ofrecer coartadas a la oposición para bloquear la siguiente renovación.

La primera de esas 14 medidas de todas las asociaciones, incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), denunciaba la politización del CGPJ al reivindicar un «sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías». Lo mismo que ya empezaba a recomendar la UE en sus informes anuales sobre el Estado de derecho en España. Hasta Pedro Sánchez estaba de acuerdo. «Regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno», prometía desde la oposición, algo inconcebible si la mayoría de vocales y el presidente de ese órgano los pone a dedo el Gobierno.

Aquel acuerdo de todas las asociaciones judiciales, dada su proverbial incapacidad para la unanimidad cuando asoma el más mínimo atisbó político, fue la constatación de que el CGPJ había llegado a un punto de manoseo partidista tan descarado como insostenible, tras más de tres décadas –ya vamos para cuatro– con PSOE y PP ignorando la Constitución y la sentencia del TC de 1986, que ya entonces advertía de que no se ajusta al espíritu de la Carta Magna que los dos grandes partidos hayan convertido este órgano en un intercambio de cromos con el Congreso y el Senado como meros convidados de piedra de ese reparto bipartidista de los 12 vocales que deben pertenecer a la propia Carrera Judicial.

Tampoco hay que olvidar que, a finales de 2018, cuando tocaba la renovación del órgano actual y ya con Sánchez en La Moncloa, todo el mundo se enteró del presidente que habían pactado socialistas y populares (Manuel Marchena) antes incluso de que las Cortes nombraran a los 20 vocales, que son los únicos que pueden elegirlo, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra prueba de cómo PSOE y PP han venido apañando el resultado de ese partido no ya antes de jugarlo, sino antes incluso de que se conocieran las alineaciones y hasta los equipos.

Ese clamor de togas desde 2017 para rescatar el CGPJ del secuestro partidista viene aun de más lejos. Hace una década, no ya para la última renovación (2018), sino para la anterior (2013), cientos de jueces organizaron un simulacro de elecciones para elegir a sus 12 vocales. Tratándose de algo simbólico y sin validez práctica, justo por eso fue muy significativo que participaran casi un millar. Todos ellos pudieron hacerlo sin padrinos asociativos ni políticos, ya que casi la mitad de los 5.500 jueces españoles no militan en ninguna asociación. Y es que incluso para los que pertenecen a algunas es una quimera optar al CGPJ, como demuestran lustro tras lustro sus sucesivas composiciones, monopolizadas por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la minoritaria JJpD.

De los casi 150 vocales que han pasado por el CGPJ desde que el Parlamento se limita a asentir, sólo tres fueron elegidos por consenso, como recopiló el periodista judicial Paco Velasco en 2020. Es decir, nada menos que el 98% de los jueces y juristas que han desfilado por este órgano durante tres décadas largas lo han hecho por puro intercambio de cromos entre PSOE y PP, incluida alguna concesión a otras siglas menores como IU, CiU o PNV, pero siempre por intereses partidistas. Lo ha reconocido públicamente una de ellas, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, que no fue precisamente «elegida por el PP», como ahora se va quejando Bolaños por las redes sociales .

Otro dato objetivo: la segunda asociación más representativa sólo ha tenido un vocal en todo este tiempo, mientras que la tercera, con la mitad de afiliados, coloca varios en cada mandato. Por pura estadística, esa desproporción es otra prueba evidente del empeño de PSOE y PP por teledirigir el órgano que nombra al presidente del Supremo y de los principales tribunales de este país.

Esos antecedentes de 2017 y 2013 demuestran que los jueces, más allá de su ideología o asociación, llevan reivindicando la despolitización del 60% del CGPJ –jamás del 100%, como propalan el Gobierno y sus afines para desacreditar esa propuesta– desde mucho antes de que Bolaños fuera ministro. Si le molesta que un partido elija a vocales del Poder Judicial, aún tiene tiempo de explicárselo a Reynders y a González Pons, que estarán encantados, pues eso es justo lo que le piden ambos para acabar de una vez con el bloqueo y politiqueo del CGPJ.