Jiménez también desmiente que Marruecos le informara antes del asalto

Visiblemente molesta y en un tono muy firme, Jiménez calificó ante los periodistas en varias ocasiones de “rotundamente falsa” la información publicada por el diario “El País” en el sentido de que Fassi Fhiri le comunicó durante la visita que hizo a España el pasado día 3, que Marruecos iba a desmantelar el citado campamento. La ministra dijo que ni durante el almuerzo que mantuvieron, ni en ningún otro momento, su colega marroquí o alguien del Gobierno de Rabat facilitara información alguna que diera a entender que Marruecos estuviera pensando en llevar a cabo el desmantelamiento. Agregó que, junto a ella, lo desmienten todos los integrantes de la delegación española que participaron en el almuerzo con el jefe de la diplomacia marroquí.

La ministra insistió en que España ha estado informándose en todo momento de la situación y ha pedido a las autoridades marroquíes una “investigación eficaz y transparente de lo sucedido, así como que permita a los periodistas acceder al lugar.

Igualmente, Jiménez reiteró que, hasta conocer lo que realmente ha ocurrido en el campamento, España no puede expresar ningún tipo de condena. “Eso –dijo- hubiera sido lo más fácil, pero ¿de qué nos serviría?, ¿estaríamos en mejores condiciones de seguir siendo un interlocutor privilegiado entre las partes? Somos un gobierno responsable y no nos apresuramos a condenar sin conocer los hechos”.

En este sentido, la ministra informó de que ha pedido comparecer lo antes posible ante el Parlamento para tratar de este asunto.

Asimismo, Jiménez se vio obligada a matizar las palabras pronunciadas por su compañero de gabinete, Ramón Jáuregui, al responder a una pregunta en el Congreso de los Diputados. El ministro de la Presidencia había dicho al ser interpelado por el hecho de que Marruecos impida el acceso a El Aaiun a periodistas y diputados españoles de distintos grupos políticos, que se puede hacer poco sobre eso, porque “forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país”.

La afirmación de Jáuregui equivalía a un reconocer por parte de España de que Marruecos tiene la soberanía sobre el Sahara Occidental, ante lo que Trinidad Jiménez señaló que esas palabras no suponían ningún reconocimiento. “De hecho –indicó- España no tiene ningún consulado en El Aaiún, porque aunque constatamos la situación de control que se da por Marruecos de ese territorio, no reconocemos que esa situación esté legalmente actualizada”.

El propio Jáuregui se apresuró a aclarar ante los periodistas en los pasillos del Congreso que no había querido hacer ningún tipo de reconocimiento, porque se trata de “un contencioso que está pendiente desde hace 35 años de una solución política bajo los auspicios de la ONU".

Sin embargo, Jáuregui volvió a enredar la cuestión , al decir que en la actualidad, Marruecos “por la capacidad de administrar el territorio determina quién entra y quién no entra en él”. Tal afirmación supone, en cierta medida, admitir que Marruecos es la potencia administradora del Sahara Occidental, en contra de lo que sostienen los informes jurídicos del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por el acuerdo de Madrid de 1975, tras la Marcha Verde que supuso la ocupación del Sahara por Marruecos, España no transfirió la soberanía sobre eses territorio ni dio a ninguno de los firmantes la condición de potencia administradora, ya que no podía hacerlo de manera unilateral. Es decir que, sobre el papel, España sigue siendo potencia adminitradora del Sahara, aunque no ejerce como tal desde aquella fecha y se limita a tener en El Aaiún a un depositario de los bienes del estado español.

Normalmente, el Gobierno español evita cualquier manifestación o actuación que pueda sonar a reconocimiento de la soberanía de Marruecos y se limita, como ahora ha hecho la ministra a “constatar” la situación de facto de que Marruecos tiene el control sobre el territorio. Así sucedió también en diciembre de 2009, cuando se puso fin a la huelga de hambre de la activista saharaui Aminetu Haidar. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su afán por resolver el conflicto, difundió un comunicado en el que se afirmaba que "mientras se resuelva el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, España constata que la ley marroquí se aplica al territorio del Sáhara Occidental".