La amnistía de la Operación Cataluña, el 'lawfare' y la mala fama

El concepto no nace de un pacto político, sino del desprestigio. Y ese hace tiempo que vino para quedarse.

La reunión PSOE-Junts de la que nació el pacto que hablaba de 'lawfare' EFE

Madrid

04/12/2023 a las 05:47h.

Toda ley tiene un punto débil, un efecto indeseado que luego se despliega con mayor o menor alcance y trascendencia, pero queda ahí. Con la ley del 'sí es sí' no fueron ni los ministros ni los diputados ni los expertos los primeros en darse ... cuenta, sino los abogados. Al fin y al cabo, defender los derechos de otro implica aprender a buscar las fallas. Con la amnistía, algún letrado estos días acaricia un gato pensando en el párrafo que permite borrar los delitos en «actuaciones policiales» contra el 'procés' y cuanto lo rodea a lo largo de más de una década.

No hay verdad judicial sobre la existencia de la Operación Cataluña, entre otras cosas, porque el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, nunca vio mimbres para cruzar esa puerta y las denuncias que presentaron personas como Jordi Pujol Ferrusola, cuya exnovia iba acompañada de la mano derecha del comisario el día que sembró el caso Pujol. Quedaron desestimadas.

Pero si lo que parecen indicar las agendas de Villarejo, los audios que se han ido conociendo y lo que relatan protagonistas en petit comité y en público es cierto, sería algo similar a la operación Kitchen. Y eso, a la postre, es una «actuación policial» que estuvo, como describe la ley que podría amnistiarla, encaminada a «dificultar o impedir la realización de los actos determinantes» para el soberanismo catalán. Se extendió, sobra recordar, más allá de 2012.

Ahora no hay nadie investigado o condenado por esos hechos ni así hay nadie a quien tratar de amnistiar, con dos excepciones: Una querella que presentó el expresidente del F. C. Barcelona Sandro Rosell contra varios policías en el contexto de la operación Cataluña y que está pendiente de recurso, otra similar impulsada por la familia Sumarroca y la causa abierta en Andorra que señala a Mariano Rajoy y varios de sus ministros también por lo que describe como un efecto colateral de la misma. Nada específico.

La clave es que quizá esa ley, a futuro, impedirá que se pueda investigar. Que el literal del texto que ha entrado en el Congreso pueda frustrar que se llegue alguna vez a sentar verdad judicial sobre la Operación Cataluña y depurar responsabilidad penal si la hubiera, que es lo que, a la postre, el independentismo parecía anhelar. Al fin y al cabo, es la piedra angular del relato sobre la existencia de 'lawfare' o guerra sucia de los tribunales en su contra, ese que ahora compra también el PSOE con toda naturalidad.

Quizá sea por eso el empeño en una comisión parlamentaria que escudriñe el tema. Porque puede ser que no existiera maniobra policial ilegítima alguna contra el independentismo, pero no habría juez que pudiera investigarlos si a priori es amnistiable y no puede imputar a nadie. Lo máximo alcanzable sería que los diputados sentencien que hubo 'lawfare', manchando el sistema.

La expresión, que ha sublevado al mundo jurídico y judicial, no ha entrado finalmente en el cuerpo de la ley aunque hasta los firmantes reconocen que va implícito en el mero hecho de amnistiar, lo que profundiza aún más en la grieta abierta con los operadores de todo el sistema, a quienes se acusa así de prevaricación. «Es como las meigas, que haberlas, haylas», decía hace unos días el ministro Óscar Puente, clarificando.

Pero el concepto no nace de un pacto político, sino del desprestigio. Y ese hace tiempo que vino para quedarse. En junio, un estudio de la Comisión Europea situó a los españoles entre los ciudadanos que menos se fían de su justicia, esa con problemas endémicos de medios y recursos, con el órgano de gobierno sin renovar soportando calificativos que van de «machista» a «okupas».

Y no afecta sólo a los jueces. Desde «la Fiscalía te lo afina» hasta el «de quién depende la Fiscalía», pasando por lo de estos días: el Supremo anula el ascenso de la que fue ministra de Justicia y luego fiscal General -combinación ya complicada-, Dolores Delgado, y ella insinúa en la radio que los magistrados no buscaban justicia sino otra cosa. La misma sentencia apunta que el fiscal general incurrió en una «desviación de poder» y se le renueva sobre la marcha en el cargo. Es como decir 'lawfare'.

Será interesante seguir la evolución de la confianza en la justicia española, porque la falta de verdad judicial sobre la Operación Cataluña puede ser síntoma de mala salud del sistema. Pero es peor, como decía aquel, la mala fama.