El narco «Charlín» abandona la cárcel en un Audi tras dos décadas entre rejas

Es únicamente su vida, ligada a los negocios ilegales y al contrabando, la que despierta la irritación de las organizaciaciones antidroga que, hasta hace poco, estaban celebrando el descenso en la entrega de alijos. La presidenta de Érguete-Asociación de Ayuda al Toxicómano, Carmen Avendaño, un sinónimo de fuerza y coraje en la lucha contra el narcotráfico a la que ha dedicado más de treinta años y aún sigue en la brecha, opina que «las circunstancias actuales son especiales porque el mercado de tráfico de drogas se encuentra ahora vacío de jefes, es una manera de expresarlo, y preocupa».

Pese al temor, reconoce que hay que aplicar los beneficios a quien le corresponden, «y así debe ser en este caso, como en los otros». Añade que ve con total normalidad la acumulación de condenas. «Es algo bastante habitual; efectivamente tiene derecho a salir de prisión y muestro mi respeto por las decisiones judiciales, pero pido que se le haga un seguimiento y se investiguen las actividades económicas de él mismo y de su entorno, porque sigue contando con un importante patrimonio», explica.

El gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, sí expresa en cambio una disconformidad clara, la que existe en la institución a la que representa por la puesta en libertad, hoy, del patriarca de este peligroso clan, posible por la nueva doctrina del Constitucional en lo referente a la reducción de condenas. Para esta entidad, tener la posibilidad de refundir éstas cuando se cumplen dos o más, provoca errores y aciertos. «En este caso, se ha concedido un beneficio desproporcionado a alguien que ha causado un daño irreparable a la sociedad gallega; beneficio, además, del que no disfrutan los narcos pequeños», aclara a ABC.

En esta misma línea, este ateneo, que preside Siso Bartomé, considera que tal situación puede extender la «idea de sensación de impunidad; la idea de que delinquir puede salir barato», lo cual, entiende, solo «entorpecería la batalla contra el narcotráfico». Ambos se muestran, además, recelosos de confiar en que la reinserción «sea posible en casos como el de Charlín o el de Oubiña, ya que probablemente vayan a seguir haciendo lo mismo cuando salgan». El enfado de la Fundación con respecto a esta determinación se ha acentuado en este punto, puesto que estima que «es necesario agilizar los procesos judiciales y, sobre todo, la incautación de patrimonios», porque «seguro que este señor va a disfrutar de patrimonio obtenido a través del tráfico de drogas, y eso carece de sentido».

Por otra parte, esta resolución tiene, para la Fundación, «múltiples detractores incluso dentro del propio ámbito jurídico por entender que vulnera numerosos principios del ordenamiento legal». Sin embargo, a pesar de las lagunas que consideran que hay en el sistema judicial con respecto a este asunto, los miembros de la asociación confían en que «la Justicia haga su trabajo y que cada cosa vuelva a su lugar».