Los principales grupos europeos acusan a Sánchez de proteger a Hungría por sus ataques a la Justicia

La carta se la envían al Gobierno español en su calidad de presidencia semestral del Consejo y en ella le acusan de estar protegiendo al Gobierno húngaro para que este no tenga que dar cuentas sobre la situación del Estado de derecho en aquel país, ya que no ha querido incluir un debate con las autoridades húngaras en la reunión prevista para hoy del Consejo de Ministros de Asuntos Generales, como sí han hecho todas las presidencias anteriores.

Los de la comisión encargada de supervisar la situación en Hungría pertenecen a los grupos popular, socialista, liberal, verde e izquierda unitaria. Todos ellos denuncian que «no parece que se haya producido ningún acontecimiento que justifique el retroceso de la presidencia española hacia el Gobierno húngaro» y más teniendo en cuenta que «el 1 de junio de 2023, el Parlamento Europeo expresó una vez más su profunda preocupación por el mayor deterioro de la situación de los derechos fundamentales en Hungría».

El Gobierno húngaro está sometido al procedimiento sancionador recogido en el artículo 7 del Tratado de la UE que prevé, entre otras cosas, audiencias con sus representantes en el seno del Consejo para analizar la situación del respeto a los valores europeos. En el orden del día del consejo de Asuntos Generales de hoy, según confirma el Gobierno español, se mantiene que se haga mención a Hungría, aunque los eurodiputados le reprochan que no se incluya la audiencia-debate, aparentemente para no correr el riesgo de que el Gobierno de Orbán le respondiera con los reproches que está recibiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su ley de amnistía. La eurodiputada popular Dolors Montserrat cree que «Sánchez teme que se ponga sobre la mesa el deterioro del Estado de derecho, de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción que afecta a Hungría y esto abra la puerta a cuestionarse la amnistía en España, que va contra la separación de poderes, la propia Justicia y que beneficia a condenados y procesados por corrupción»

Sin embargo, en esta reunión del Consejo de Asuntos Generales, España ha incluido por tercera vez el tema de la oficialidad en Europa del catalán y las demás lenguas regionales españolas, que es otra condición impuesta por los secesionistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Los dos intentos anteriores de convencer al resto de los países no han tenido éxito.

En la carta, los eurodiputados recuerdan que el Parlamento comunitario debe determinar si Hungría puede asumir la presidencia semestral en la segunda mitad del año que viene, teniendo en cuenta la situación del Estado de derecho y los valores esenciales de la UE en aquel país.

El Gobierno ha hecho saber que ya ha enviado a la Comisión Europea el texto de la proposición de ley sobre la amnistía y ha intentado que algunos medios difundiesen la idea de que al Ejecutivo comunitario ya no le preocupa este asunto porque no aparece textualmente el concepto de 'lawfare' que, como se recoge claramente en el pacto firmado por el PSOEcon Junts, implicaría que el Congreso podría considerar la actuación de determinados jueces. Pocos minutos después de la aparición de un teletipo en el que se decía que la Comisión no pensaba intervenir en este asunto, el principal portavoz de la misma, Eric Mammer, publicó un mensaje en redes sociales en el que desmentía que la institución hubiera expresado valoración alguna sobre un documento que oficialmente habían recibido horas antes.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha tenido ocasión de explicar su posición al comisario de Justicia, Didier Reynders, dado que ambos participaron ayer en una reunión ministerial sobre Justicia entre Estados Unidos y la UE en Washington. Según fuentes del Gobierno, Llop habría insistido ante el comisario que la cuestión de la amnistía es un «asunto interno» de España y que no hay razones para que el Ejecutivo comunitario entre a valorarla. El comisario tiene su despacho inundado de cartas, mensajes y comunicados que le han enviado miles de ciudadanos anónimos y organizaciones públicas o privadas, incluyendo la totalidad de las asociaciones judiciales españolas, pidiendo su amparo.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido una reunión con el comisario de Justicia para poder explicarle el contenido de la ley de amnistía, como se comprometió después de recibir la carta del propio Reynders la semana pasada pidiendo información. Aquella carta se considera como la advertencia más grave que podía hacer la Comisión teniendo en cuenta que ni siquiera se había conocido el contenido de la proposición de ley. Bolaños tratará de explicarle al comisario belga el cambio de opinión del Gobierno.