El Gobierno repartirá más de 2.000 plazas de funcionarios de carrera sin hacer oposiciones

El proceso que ha lanzado Moncloa permitirá incluso que personas que nunca se han presentado a un examen de oposición puedan convertirse en funcionarios de carrera. No importa cómo accedieron en su día a la interinidad.

El medio ordinario y más igualitario para acceder a la función pública es la oposición libre. Es decir, que cualquiera que tenga la titulación necesaria para el puesto en cuestión, pueda luchar por una plaza en igualdad de condiciones que el resto de candidatos. Se garantizan así los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Además, en una oposición libre, el mérito queda lo marca exclusivamente el examen.

La segunda fórmula de acceso a una plaza en propiedad es el concurso-oposición. Aquí ya no cuenta solo el examen. Obtener una gran nota puede dejar a un candidato sin plaza frente a otro más mediocre pero que suma más puntos en la parte de concurso por ser un veterano interino. Precisamente el concurso-oposición ha venido siendo la fórmula tradicional que han venido siguiendo las administraciones públicas para dar ventaja a los interinos en procesos selectivos a funcionarios de carrera, ya que suele ser habitual que la nota del examen pese un 60% en la nota final, y los 'méritos' un 40%.

La tercera fórmula, de carácter muy residual e inusual –la ley la califica como extraordinaria y, por tanto, poco recomendable–, es realizar un mero concurso de méritos para asignar plazas de funcionarios de carrera. Aquí de nada sirve tener una gran formación intelectual, ser un fuera de serie en el conocimiento de la especialidad que se va a tener que poner en práctica en el trabajo, porque no hay examen alguno con el que demostrarlo. Es decir, no hay oposición.

El cien por cien de la nota se obtiene por la puntuación de 'méritos', y lo que más pesa es el número de años que se llevan ocupando plazas de interinos. Justo esta fórmula extraordinaria, la del concurso de méritos sin más, es la que regirá para que el Gobierno asigne las 2.074 plazas que ha convocado a través de diversos ministerios y que publicó en el BOE el 30 de diciembre. Aunque en estas convocatorias se habla de 'acceso libre', la forma de puntuar hace que solo los interinos tengan opciones; sin un examen en el que competir en conocimientos, un aspirante de la calle no tiene nada que hacer.

Estas convocatorias extraordinarias sin oposición encuentran base legal en el conocido como 'Icetazo', el polémico decreto que dictó Miquel Iceta cuando era ministro de Política Territorial y Función Pública. Lo defendió como mecanismo para reducir la temporalidad en el sector público y primar a los interinos. El Gobierno logró convalidar ese decreto en el Congreso de forma agónica, gracias al apoyo que Sánchez se ganó una vez más de los independentistas catalanes de ERC, previa negociación de nuevas concesiones.

Convertido en ley, el 'Icetazo' daba de tiempo hasta el último día de 2022 para que las distintas administraciones públicas –la General del Estado, las autonómicas y las locales– publicaran las convocatorias de las plazas que iban a 'estabilizar' de esta forma tan extraordinaria e inusual. Y todos esos procesos selectivos deberán estar resueltos antes de que acabe 2024.

El Gobierno de Sánchez ha apurado hasta el último minuto para lanzar esta batería de convocatorias con las que convertir en funcionarios de carrera a interinos que, en algunos casos, nunca se habrán presentado a una oposición. Y es que, en muchas ocasiones, el acceso a una plaza de interino sigue laxos procedimientos en los que, en ocasiones, tener buenos contactos dentro de la Administración u organismo llega a ser la clave.

Además de las 2.074 plazas de funcionarios de carrera que el Gobierno de Sánchez va a asignar sin examen, sin oposición, ha convocado otras 2.067 por el procedimiento selectivo del concurso-oposición. Es decir, no por oposiciones libres, sino con esa fórmula intermedia en la que la nota del examen se ve engordada o cercenada según que el aspirante sea o no interino y por cuántos años. Son múltiples los ministerios y organismos que participan en esta oleada.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que dirige la socialista Pilar Llop, ha convocado más de 200 plazas de funcionarios de carrera sin examen, entre ellas 95 de secretarios judiciales y 85 de médicos forenses. A ellas se añaden, por concurso oposición, más de 900 plazas más, entre ellas 384 del cuerpo de auxilio judicial, 370 del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, y 242 del cuerpo de gestión procesal y administrativa.

El Ministerio de Hacienda, de la también socialista María Jesús Montero, aprovecha esta maniobra para llenar ayuntamientos y diputaciones españolas de altos funcionarios sin oposición. Se trata de los cuerpos de secretarios, interventores y tesoreros, funcionarios de habilitación nacional que, aunque cobran de las administraciones locales en las que están destinados, obtienen esa condición de alto funcionario de ámbito estatal tras superar procesos selectivos convocados por la Administración central. Así ha sido históricamente, y las oposiciones para esos cuerpos de habilitados nacionales se han considerado entre las más exigentes de la Función Pública española.

Ahora, sin embargo, con la ley del 'Icetazo', podrán convertirse en secretarios, tesoreros e interventores aspirantes que ni siquiera se hayan enfrentado nunca a una de estas exigentes oposiciones. Y es que el haberse presentado a ese tipo de oposiciones y haber aprobado alguno de sus exámenes no cuenta como requisito sino como mérito. Si se tiene, puntúa. Si no, simplemente se pierde esa parte de la puntuación, que además tiene poco peso en el baremo total del concurso.

Lo que más cuenta son los años en los que se haya ejercido de interino como secretario, tesorero, interventor o incluso en plazas públicas distintas a éstas. Esa experiencia profesional suma hasta 60 de los 100 puntos que como máximo puede obtener un aspirante. Los otros 40 puntos dependen de méritos complementarios: hasta 20 por haber aprobado, sin plaza, alguno de los ejercicios de oposiciones previas a estos cuerpos de habilitados nacionales; y hasta 20 puntos por poseer títulos académicos de los reconocidos oficialmente para ejercer como secretarios, interventores o tesoreros.

El caso es que, con esta convocatoria extraordinaria, la ministra Montero va a nombrar como funcionarios de carrera, fijos, a 32 nuevos secretarios de administración local, a 53 del grupo de interventores-tesoreros y a 563 de la escala de secretarios-interventores, todos ellos de la denominada 'categoría de entrada'. Y, además, también sin oposición, solo por concursos de méritos, nombrará también como funcionarios titulares a otros 24 secretarios y 60 interventores-tesoreros de la 'categoría superior', la más exigente, el escalafón que sigue a la 'categoría de entrada'.

Esta avalancha de habilitados nacionales sin oposición es especialmente excepcional por múltiples motivos. En primer lugar, por la gran cantidad de funcionarios que van a entrar sin examen en este selecto cuerpo de secretarios, tesoreros e interventores, privando de la oportunidad de competir a opositores que llevan tiempo preparándose. Y, en segundo lugar, porque se trata de altos funcionarios que tienen una importancia estratégica en la salud pública de la enorme administración local que hay en España: de ellos depende el control de legalidad y de gestión de los fondos públicos de los ayuntamientos y diputaciones, control al que se tienen que someter las decisiones de los órganos políticos.