Gobierno y PP retoman contactos para reformar el artículo 49 de la Constitución

El objetivo de esta reforma quirúrgica pretende «dignificar» la redacción del texto constitucional para «eliminar definitivamente» el término disminuido de la Constitución. Según informan desde el ministerio de la Presidencia la intención es mantener más contactos y reuniones, además de con el PP, con el resto de grupos parlamentarios.

El Ejecutivo aprobó en mayo de 2021 el Anteproyecto de ley para la reforma, pero pese a tratarse de una cuestión tans específica, y a priori sencilla de acordar, el entendimiento no ha sido posible. Bolaños se va a reunir con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para arrancar este nuevo intento.

Tras casi dos años después del primer paso dado por el Gobierno, el nuevo periodo de sesiones que se abre ahora en febrero es la última oportunidad de la legislatura para acometer esta reforma que, hasta la fecha, no ha estado exenta de polémica. ABC ya informó a finales de mayo de 2021 de que el Consejo de Estado había cuestionado la reforma, pero el Gobierno apenas había accedido a la mitad de sus consideraciones.

El artículo 49 de la Constitución está redactado así: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Pero el PP ya criticó en su momento que el Gobierno plantease un nuevo artículo sin negociarlo previamente. Además de que no se limitaba a modificar el término en cuestión, sino que el Ejecutivo planteaba una redacción mucho más extensa, quedando redactado en cuatro puntos, de la siguiente manera:

1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.

Al tratarse de un cambio en la Constitución, requiere de al menos tres quintos de la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva. La mayoría del Gobierno lo más que logró fue rechazar las enmiendas a la totalidad que plantearon PP y Vox en el inicio de la tramitación parlamentaria. Pero sin el principal partido de la oposición no hay reforma posible. En junio de 2022, con Feijóo ya al frente del PP, el líder de la oposición se mostró partidario de acometer la reforma si se trataba de forma puntual de eliminar ese término y no se abordaban otras cuestiones.